El “latrocinio” del erario público

Para justificar las sanciones penales que la Audiencia de Guipúzcoa impone a José María Bravo y Rosa Cobos, el tribunal asegura en la sentencia que la conducta del primero es de una “gravedad relevante”, dado que su “actividad depredadora” se prolongó durante 15 años (1990-2004), y cifra los caudales públicos desviados a “fines privados” en 1,66 millones de euros. El ilícito de malversación alcanza su máxima expresión al estar encaminado “a la ejecución del latrocinio (dolo directo)”.

Respecto al delito de prevaricación administrativa, los jueces indican que en la dirección de la oficina de la Hacienda de Irún “la arbitrariedad fue la tarjeta de presentación del señor Bravo”. Determinó cuánto debía pagar cada contribuyente y qué medio de pago debía utilizar cada deudor. Y todo ello, “para algo tan espurio, para el interés general, obviamente, como facilitar el desvío de lo recaudado a la esfera privada”. “La normativa tributaria literalmente estorbaba en la gestión recaudadora del señor Bravo. Los mandatos legales fueron sustituidos por la voluntad del señor Bravo, quien, para enmascarar su inequívoca intención depredadora, hacía y deshacía de forma libérrima, con plena omisión de las reglas jurídicas vigentes”, escribe el ponente de la resolución judicial.

“La normativa tributaria estorbaba en la gestión de Bravo”

Sobre el blanqueo de capitales, refiere que existe “una enorme asimetría entre los módicos ingresos generados por Bravo y Cobos entre 1995 y 2007 por el trabajo, actividades económicas o profesionales o rendimientos mobiliarios e inmobiliarios (ingresos lícitos) y el abultado patrimonio obtenido” por estas dos personas durante el citado período. La explicación está en “la solvencia solapada que ofrecía el latrocinio público que se protagonizaba” por los penados.

Y por lo que se refiere al alzamiento de bienes, la sentencia expone que Bravo y Cobos, estando imputados, “dispusieron del dinero obtenido de la venta de un bien inmueble”, en alusión a un chalé de su propiedad en Urrugne (Francia), y lo ocultaron para no hacer frente a sus responsabilidades civiles.