Intervención y democracia

Un país intervenido no deja de ser un país democrático, pero su democracia se ve seriamente desvirtuada. Los mecanismos de rescate son mucho más que procedimientos de emergencia para salvar Administraciones públicas en apuros. Debería saberlo Artur Mas, que se ha estrellado contra la cruda realidad del rescate mientras enarbolaba la bandera del pacto fiscal, y debería saberlo también Alberto Fabra, que insiste en la insuficiencia de la financiación autonómica y en atribuirle la quiebra de la Generalitat, bajo el peso de su enorme endeudamiento y su crisis de ingresos. El colapso del mercado de deuda pública, que ha hecho naufragar ya a las comunidades autónomas más atribuladas, amenaza al conjunto del Estado español en el contexto de una Unión Europea que parece bloqueada por la impotencia política ante los dogmas de la austeridad, el control de la inflación y la limitación del déficit.

Cualquiera que se haya molestado en leer las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico sabe que las apelaciones de quienes se han acogido a él, en el sentido de que no implica condiciones políticas o restricciones al autogobierno, son patéticas excusas de mal pagador. La “adhesión” a ese fondo implica un rescate en toda regla. ¿Cómo, si no, se entiende que el Ministerio de Hacienda pueda obligar al Gobierno autonómico afectado, pongamos al Consell, a modificar sin más explicaciones los planes de ajuste? ¿O que el Gobierno esté legitimado para enviar una “misión de control” cuando lo crea necesario con licencia para escudriñar hasta el último cajón de la Generalitat?

Hay un sector de opinión al que le gusta eso. Suele coincidir que aquellos que ponen más alto el grito en el cielo contra una eventual intervención de España por la UE se muestren favorables a intervenir, reducir, recortar, reformar o reestructurar el Estado autonómico. El drama de la catástrofe económica en la que estamos inmersos es que la política está maniatada para actuar pero se ve sometida a un proceso sistemático de demolición. Y lo peor es que contribuye a ello ese señor con barba que vive en la Moncloa y que creyó que bastaba con ser gente de orden dispuesta a seguir instrucciones para que el sol de la prosperidad volviera a lucir sobre los españoles. Lo decía el otro día José Carlos Díez en un artículo publicado en Cinco Días: “El Gobierno ha gestionado el país mirando al retrovisor hasta estrellarlo contra el muro del rescate”. En efecto, mientras se regodeaba en la herencia del socialista Rodríguez Zapatero, a Rajoy le han tenido que rehacer en Bruselas el plan de estabilidad tras aflorar alegremente el despilfarro de tantos años en comunidades autónomas como la valenciana, donde pronto serán mayores de edad jóvenes que no conocen a otro partido que el PP en el poder. También ha tenido que venir de Bruselas el rescate del sistema bancario, tras destapar el enorme agujero de Bankia. El problema es que Rajoy no mira al retrovisor solo por Zapatero.