Ourense pagó 236.000 euros en facturas sin justificar a una empresa
El gerente de la sociedad ganó luego el concurso millonario que investiga el fiscal
![La extrabajadora de la empresa se cubre con las hojas de liquidación que elaboró.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6RPOEJO2L4OC2RRVZTLJXERJH4.jpg?auth=9731dfd9f9e4fe0f1e7092618e65e16b4158f70ea3ecf8380590f1a66555161f&width=414)
El gobierno municipal de Ourense, presidido por el socialista, Francisco Rodríguez, pagó en 2009 dos facturas sin justificar del servicio de ayuda a domicilio por valor de 236.000 euros a la empresa Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, cuyo gerente único era Alberto López, cónsul honorario de Costa de Marfil. Dos años después, López ganó la adjudicación del mismo servicio por un importe de 16,8 millones de euros a través de otra de sus empresas: Corporación LS, de la que es administrador único. Esta última adjudicación está siendo investigada por la fiscalía.
El pago de 2009 fue autorizado con la firma de la concejala de Servicios Sociales, Marga Martín, y de la jefa de servicio, Marta Rodríguez. Las facturas formalizadas por la número dos del alcalde de Ourense carecen de los listados de usuarios y auxiliares que debían acreditar los servicios y que se adjuntaban como justificante. El propio gobierno local reconoce en un documento emitido por Alcaldía el 26 de abril con la firma del alcalde ourensano que el listado de auxiliares “no forma parte de ningún expediente” y que el de usuarios (nunca elaborado por la empresa) no lo puede facilitar “en base a lo dispuesto en el artículo 7.3” de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
Una exempleada de la empresa asegura que fue ella quien elaboró las hojas de liquidación falsas y que recibió la orden de repartir horas ficticias durante los 12 meses del año por valor de 236.000 euros en dos facturas, una por cada semestre de 2008. Posteriormente supo, según su relato, que las hojas de liquidación se adjuntarían a facturas falsas emitidas por la empresa. El 23 de febrero, un mes después de ganar el nuevo concurso para gestionar el servicio, esta empleada fue despedida. La empresa —que tenía la obligación de consolidar los puestos de trabajo— reconoció la improcedencia del despido. Una sentencia del juzgado de lo social número 1 de Ourense condena al cónsul a pagar una indemnización de más de 24.000 euros a la extrabajadora.
“Me despidieron porque no se fiaban”
La trabajadora despedida por el cónsul tras hacerse con la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en 2011 asegura que recibió órdenes expresas para elaborar documentación falsa. “Me dijeron que tenían que justificar el importe de dos facturas extraordinarias a través de hojas de liquidación”. En esas hojas, sostiene, desglosó horas de servicios nunca prestados y más tarde supo que los documentos servirían para justificar facturas falsas. “También me ordenaron que realizase listados de usuarios pero me negué porque podría incurrir en irregularidades”, explica.
Posteriormente, siempre según su relato, supo que la empresa había adjuntado esos documentos a facturas falsas que el Ayuntamiento pagó sin la correspondiente justificación. La empleada asevera que “las facturas presentadas hasta ese momento iban acompañadas de listados de usuarios y auxiliares”: “Por eso nunca pensé que el Ayuntamiento fuese a aceptar el pago”.
A través de la concejala del grupo independiente Democracia Ourensana (DO), Susana Gómez, la trabajadora tuvo conocimiento del pago. Tras su despido improcedente asevera que contactó con la edil para que “mediase” con el alcalde de Ourense: “Quería que el alcalde se mojase al ser un servicio municipal de reciente adjudicación”. El alcalde y la concejala de Servicios Sociales le respondieron que “no podían hacer nada” porque la empresa justificaba su despido “con que no se fiaban” de ella. Además explica que el cónsul presumía tras haber ganado el concurso: “El primer día de trabajo tras ganar el servicio nos dijo a los empleados que algunas de las condiciones del concurso llevaban su nombre y apellidos”.
En el expediente que guarda el Ayuntamiento de Ourense solo figuran dos facturas y las hojas de liquidación supuestamente falseadas. Así, según el testimonio de la extrabajadora, se cobraron servicios nunca prestados. Con la hoja de liquidación del primer semestre se justificarían servicios supuestamente falsos por 71 horas al día. Para llevarlas a cabo habrían sido necesarias 10 auxiliares más por jornada y supondría prestar servicio a 71 usuarios extra. En el segundo semestre se desglosaron 86 horas al día también falsas según la extrabajadora. Para realizarlas se habrían necesitado a 12 auxiliares extra y un mínimo de 86 usuarios nuevos. Sin embargo ninguno de esos usuarios fue atendido, ni las auxiliares fueron contratadas. En la facturación formal no aparece reflejado aumento alguno. Esos usuarios tampoco fueron dados de baja, ya que a final de año solo hay 10 bajas registradas.
La Intervención Municipal también alertó de irregularidades con esta empresa. Un informe asegura que el alcalde y la concejala de Servicios Sociales ordenaron el pago a Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios de facturas “irregulares” por más de 1,4 millones durante un año de forma continuada. El interventor explica que se prestó el servicio durante 2011 sin el obligatorio contrato que le otorgaba “cobertura jurídica”. El informe determina que esos pagos “vulneran la normativa de contratación de las Administraciones públicas”.
La ayuda a domiclio no es el único negocio del cónsul con el Ayuntamiento de Ourense. Otra empresa (López R. Auditores) ha realizado numerosas auditorías para diferentes concejalías. También controla el servicio municipal de comedor sobre ruedas. En 2011, López R. Auditores, que el cónsul gestiona junto con su esposa, tuvo una cifra de negocio superior al millón de euros.
La concesión del nuevo contrato fue formalizada el pasado 27 de diciembre de 2011, cuando la UTE liderada por el cónsul lograba superar en los baremos a otras competidoras con gran experiencia en la gestión de servicios sociales como Eulen o Mapfre. Con solo un año de vida y un capital inicial de 3.010 euros se hizo con los 16,8 millones del concurso público.
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