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La oposición pide explicaciones a Convergència por la trama de la ITV

El PSC denuncia las “fronteras difuminadas” entre amigos, partido y Gobierno

Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, a la izquierda, con el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol.
Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, a la izquierda, con el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol.

La presunta vinculación del secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, en la trama de la ITV ha provocado este jueves reacciones diversas de los principales partidos políticos. Aunque la mayoría de ellos exigieron aclaraciones públicas del líder convergente, otros llamaron la prudencia hasta que Pujol no sea imputado.

El líder del CDC comparecerá este viernes en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Cataluña para dar explicaciones sobre la presunta financiación irregular del partido a través del caso Palau. Para el diputado socialista, Jaume Collboni, es una oportunidad para que Pujol indique cuándo piensa explicarse sobre la trama de las ITV. En caso contrario, Collboni no descartó que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) solicite una comparecencia en la cámara catalana.

El portavoz del PSC reclamó estas explicaciones públicas para despejar dudas y salvaguardar la “honorabilidad” de Pujol y de su partido en este caso. Collboni denunció que el partido del gobierno catalán esté mezclado con una trama de corrupción que tiene fronteras “difuminadas” entre “los amigos, el gobierno y el partido”. Del mismo modo, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, reclamó la explicación de Pujol en esta comparecencia acerca de su supuesta “colaboración” con la trama de las ITV y exigió que se aclaren las “responsabilidades políticas al margen de lo que diga un juez”.

La diputada de Iniciativa- Esquerra Unida i Alternativa Dolors Camats coincidió con la petición socialista al pedir las aclaraciones de Pujol y señaló que “la iniciativa de transparencia” debería venir de los convergentes y no de los partidos de la oposición. Para Camats, Convergència no debería “esperar al goteo de los casos que les ponen en duda” sino ser los primeros en explicarse para evitar el deshonor del partido.

Por su lado, la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Anna Simó se mostró mucho más prudente y quiso subrayar ante todo que “facilitar contactos o hacer reuniones no es ningún delito”. Según la republicana, se trata de ver si ha habido “tráfico de influencias o un delito tipificado”. Simó no pidió explicaciones y reclamó “toda la información” en caso que sea imputado. Es la segunda vez que los republicanos salvan a CDC después del caso Palau.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulces, evitó mencionar directamente el caso pero calificó la corrupción de “cáncer social que daña enormemente la credibilidad de las instituciones” y aseguró que la Fiscalía es “beligerante con todo tipo de corrupción social, económica o política”. Por otro lado, recordó que un fiscal maneja los hechos “con estricto respecto a la legalidad” y a los derechos de los acusados.

Desde CDC, el consejero de Interior y exsecretario de organización, Felip Puig quiso defender a Pujol alegando la “honorabilidad” de este y de las otras personas implicadas en la trama. Puig se mostró “convencido de que no había ninguna mala intención en este caso” que calificó de “intento de encontrar una salida” para desbloquear una situación administrativa. El diputado, que confesó no haber leído los diarios y no tener “ninguna información relevante”, animó a esperar “alguna solidez”.

Además, fuentes de Convergència subrayaron ayer que Pujol “no tiene ninguna relación empresarial ni de negocios” con los imputados en la trama. Esas mismas fuentes lamentan que la investigación judicial se base en intervenciones telefónicas “de terceras personas que dicen cosas sobre Oriol Pujol