“Vía libre” a que los exiliados por amenazas de ETA voten en Euskadi

Un grupo de juristas elegido por el Ministerio del Interior cree que es “constitucional” el derecho al voto en Euskadi y Navarra de aquellos ciudadanos que abandonaron ambas comunidades por las amenazas de ETA. La inicial propuesta del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, dispone ahora de un arrope jurídico, pero también la opinión contraria del resto de fuerzas políticas que advierten del riesgo de una “alteración” del censo electoral. El ministro Jorge Fernández Díaz ya se ha apresurado a precisar que esta “vía libre” al voto de los exiliados no tomará cuerpo en las próximas elecciones autonómicas, ya que previamente trasladará la iniciativa a los grupos del Congreso para procurar el “máximo consenso”.

Al entregar el informe encargado por Interior, el Centro de Estudios Jurídicos y Constitucionales, que preside Benigno Pendás, entiende “viable” que el Gobierno permita el voto en las elecciones de Euskadi y de Navarra a los ciudadanos que abandonaron su residencia por la extorsión de la banda terrorista. Para Fernández Díaz se trata de una “exigencia de justicia democrática”, necesaria en un escenario, dice, “post-ETA”. La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina (UPN) también mostró ayer su total satisfacción.

Rosa Díez lo ve “razonable” e IU prefiere una reforma electoral amplia

Los socialistas vascos creen que se asiste a una iniciativa “loable” desde un punto de vista “moral y ético de compromiso con las víctimas”, pero que requiere de una aplicación práctica “muy complicada”, sobre todo, “desde un análisis legal y constitucional”. Algo más favorable a la medida se mostró la diputada Rosa Díez, desde UPyD, al considerarla “razonable” y una forma de acabar con la actual “anomalía democrática” que cree que existe en el País Vasco y Navarra. Izquierda Unida, mediante su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, aclaró que están dispuestos a hablar de modificar de la ley para que “puedan votar los exiliados”, pero destacando que no le verían el sentido a hacer solo una modificación parcial a la ley. Lo lógico, para la formación, sería realizar una “reforma electoral amplia”.

En el lado de los críticos con esta posibilidad, el resto de los partidos democráticos en Euskadi. El denominador común de su crítica responde a la “alteración” que sufriría el censo electoral. El PNV, desde que conoció la pretensión de Basagoiti, entendió que se podría asistir a un “pucherazo” y que no dudaría en “presentar un recurso de inconstitucionalidad”.

Las mayores críticas las profirió la izquierda abertzale, que calificó la iniciativa del PP como “una barbaridad” porque intenta “alterar el censo electoral vasco con una colonización a distancia, al servicio de sus intereses" y así “finiquitar el nuevo ciclo”. Airadas críticas a las que se sumó también el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, con otro comunicado diferente en el que valoró como una “aberración democrática” el proyecto. A su juicio, la propuesta del PP “vulnera todos los principios básicos de la democracia representativa” y es un reflejo del “autoritarismo" con el que, añadió, “ha estado actuando el Gobierno durante esta legislatura”. Curiosamente, el Foro de Ermua cree que es el momento “más inoportuno” para promover el voto de los exiliados porque “ETA está en las instituciones”.