Amoeiro embargará las cuentas y bienes de la Iglesia por no pagar el IBI en plazo

El Ayuntamiento ourensano de Amoeiro embargará a la Iglesia en septiembre, ya que no ha pagado el IBI de las propiedades eclesiásticas que no están exentas ni en el Concordato de 1979 ni en la Ley de Mecenazgo de 2002. El viernes pasado venció el periodo establecido por el Ayuntamiento para la solución por la vía administrativa sin que la Iglesia pagase sus deudas. La cantidad que adeuda asciende a 4.286 euros procedentes de recibos de fincas rústicas y urbanas pendientes desde el año 2010. Ahora pasan a ser reclamados por la vía ejecutiva con un recargo del 5%. En septiembre, la Administración procederá al embargo de las cuentas bancarias, salarios y bienes de la diócesis. Aún podría efectuar el pago con recargos de hasta el 20% durante las próximas semanas por la vía del apremio, aunque fuentes del Obispado lo descartan.

El alcalde de Amoeiro, el socialista Rafael Rodríguez, asegura que “todo el mundo es igual ante la ley”. El regidor también ha enviado los recibos de la basura para que el propietario de las ocho casas rectorales de Amoeiro, el Obispado, pague el impuesto. Esta tasa supondría unos 400 euros anuales más para las arcas municipales. Si contestan que están deshabitadas no podrán alegar que son residencias del clero, así que también deberían pagar el IBI.

Amoeiro es municipio rural y las propiedades que deben tributar se limitan a fincas y eras. Buena parte estaban consideradas terreno rústico antes de una actualización catastral masiva que regularizó el valor de los terrenos tras la aprobación del Plan General. Su valor rondaba los 100 euros. Ahora se ha multiplicado por 25 hasta rozar los 2.500 euros. Si se llega a producir el pago, sumando las penalizaciones por atrasos y el valor catastral actualizado de esos terrenos, las arcas municipales ingresarán 3.000 euros.

En el recurso, el ecónomo de la diócesis alega tres razones para esquivar el impuesto. Asegura que es “nulo de pleno derecho por no haber sido notificado”. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común explica que las notificaciones surtirán efecto cuando se interponga un recurso, como es el caso.