Fernández Ordóñez asegura que las dos cajas estaban en riesgo de intervención

Al refranero clásico español habría que añadirle un dicho muy popular: el papel (o el power point) lo aguanta todo. Es lo que vino a decir el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en su comparecencia de ayer en el Congreso al referirse a las fusiones de cajas de ahorros y, en especial, a la gallega. Estaba explicando el error que, en su opinión, ha sido enterrar dinero público en entidades poco viables en vez de liquidarlas discretamente —al dinero “no le gusta el ruido, porque crea desconfianza”, dijo—. En el proceso de reestructuración de cajas, ponerlas en manos de un banco “no era posible”, aseguró, “ahora sí, pero entonces no lo era”.

De modo que cuando le llegó el turno a Caixa Galicia y Caixanova  la institución que él presidía alentó las conocidas fusiones interregionales para aglutinar cajas. Porque, a excepción de un par de bancos, entre los que, dijo, estaba el Pastor, “la mayoría de las entidades que estaban mal eran las cajas”. Pero la oposición de la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo convirtió la reestructuración en un caso “único en España”. Admitió que ante el veto de la Xunta no le quedó otra opción que autorizar una fusión entre ambas. “La pregunta fue a supervisión del Banco de España. ¿Esto lo aprobamos a pesar de todo? Alguno dice ahora que no hay que elegir entre lo malo y lo bueno sino entre lo malo y lo peor... Pues lo peor es que habría que haber intervenido dos cajas”.

Lo dijo así, sin ofrecer mayores explicaciones, sin referirse a problemas específicos de ninguna de ellas. Simplemente afirmó que optaron por un plan de fusión que habría salido bien “con una situación económica buena”, pero “no era lo ideal, evidentemente”. Pero se demostró que cualquier plan de negocio, por serio que sea, por avalado que esté por expertos, es susceptible de resultar un fiasco. Porque “ni la situación económica mejoró [como esperaban las cajas recién fusionadas en Novacaixagalicia], ni el plan de fusión se cumplió”. El papel aguantaba la fusión, la realidad no.

Sin rastro de autocrítica por su gestión en la operación gallega, dejó caer que su oposición al proyecto va ahora mucho más allá. El plan de José María Castellano, el actual presidente de la entidad, que reclama un Esquema de Protección de Activos a cambio de conseguir accionistas privados para la entidad —aunque siempre con el Estado como accionista mayoritario—, no le parece buena idea. “Con todos mis respetos por ese señor”, dijo refiriéndose  a Castellano sin nombrarlo, “¿a quién se le dan los 6.000 millones que pide? hay que darle el dinero a los nuevos gestores, a los que se queden con las entidades”. Someramente mencionó a BBVA (que se quedó con Unnim), antes de insistir en que el dinero público no hay que dárselo “al gestor que se ha equivocado”.

Mientras Ordóñez comparecía, en la entidad gallega heredera de la fusión continuaban los problemas. Hasta 37 afectados por la venta de participaciones preferentes acudieron  a dos actos de conciliación en Cangas donde esperaban llegar a un acuerdo con NCG antes de ir a juicio. Pero el procurador de la entidad negó que fuese a aceptar una solución en bloque, lo que irritó los ánimos de los presentes. Un grupo de unas 50 personas irrumpió en la oficina principal y en los juzgados en señal de protesta. NCG aseguró que no puede aceptar la conciliación porque “tiene la obligación de defenderse”, e insistió en que la vía del arbitraje es la más adecuada. María Barreiro, portavoz de los perjudicados, replicó que la actitud del banco les demuestra que “no quieren dar una solución ni devolver el 100% del dinero”. La vía arbitral la tachó de “farsa”. “Nuestros abogados nos dicen que Novagalicia podría adherirse a la conciliación sin ir a juicio, y eso está por encima de las limitaciones que impone Bruselas”.

Por su parte, la Consellería de Economía, que media para encontrar salida al desastre de las preferentes, aseguró que esta semana se celebrarán los primeros arbitrajes y que el Instituto Galego de Consumo comenzará a enviar a los afectados “notificaciones en las que la entidad llega a cabo una propuesta”. Cada afectado recibirá una alternativa de devolución del dinero ajustada a su caso. Si acepta, no podrá acogerse a la vía judicial.