La primera denuncia por robo de un niño en España acaba en Estrasburgo
El abogado granadino Eduardo Raya dice que el Estado evita la investigación
Convencido de que el cuerpo que le entregaron no era el de su hija recién nacida, el abogado granadino Eduardo Raya se convirtió el 23 de marzo de 2010 en el primer denunciante de un caso de niños robados en España. Ahora ha trasladado el asunto al Parlamento Europeo como una queja formal por la actuación de los poderes del Estado Español en lo relacionado con las investigaciones de sustracciones de bebés. “Están tratando de evitar que salgan a la luz todos los casos porque son muchos y la responsabilidad patrimonial sería muy grande”, ha explicado hoy Raya.
El juzgado de Instrucción número 2 ha archivado su caso, pero Raya también ha comenzado a trabajar en una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Raya ha comenzado a trabajar en una denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo
El caso de Raya es una maraña de pruebas de laboratorios privados y otras aportadas por organismos públicos. Su hija nació el 6 de junio de 1990 después de que uno de los doctores del Hospital Clínico de Granada le practicara a la madre una cesárea urgente por supuesto sufrimiento fetal. El mismo facultativo fue condenado tres años más tarde por la Audiencia Provincial de Granada por una adopción irregular.
Años después de la supuesta muerte de la niña en el hospital, sus padres decidieron trasladar el cuerpo del bebé que habían enterrado a la fosa de su abuelo y realizar dos pruebas de ADN en dos laboratorios, Tecnogen y Genómica, que concluyeron que los restos enterrados no podían ser de su hija.
Desde entonces Raya lucha contra las diferentes administraciones. “No quieren escucharme, no les interesa. No leen las pruebas, no leen los informes y, sin embargo, piden otros interesados para dar carpetazo a todo esto. Saben que detrás de este caso hay muchos más y están haciendo lo imposible por que no salgan a la luz, pero yo voy a ir a buscar a mi hija a la luna si es necesario”, ha señaladocon semblante serio y un gran convencimiento.
Una vez denunciados los hechos ante la fiscalía, en marzo de 2010, el caso fue llevado al Juzgado por el Ministerio Público. “Entonces aparecieron de forma milagrosa unos restos del hígado de mi hija en parafina en el Hospital Clínico”, ha asegurado Raya.
Según Toxicología esos restos pertenecieron a su hija. Sin embargo, Raya ha aportado hoy pruebas que señalan todo lo contrario. Según un informe del doctor Bruguera del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de Barcelona, que ya analizó los restos del hígado en 1990, los restos aportados por el Clínico de Granada podrían pertenecer a dos hígados distintos. Además, “no es posible determinar la edad del paciente en base al tejido. Únicamente puede afirmarse que no se trata de un hígado fetal o de recién nacido de muy pocos días”.
Raya ha exigido a la justicia que “ante la gravedad de los hechos” se pida una aclaración urgente al Instituto Nacional de Toxicología de por qué unos restos de hígado que pertenecen a un adulto, los aportados por el Hospital, tienen el ADN de los denunciantes y de por qué Toxicología recibió unos restos procedentes de la fosa el día 20 de julio de 2011 y emitió un informe sobre los mismos el día 8 de junio, más de 40 días antes.
"Ojo, marido"
El abogado Eduardo Raya presentó ayer un completo informe que acompaña su queja y que se incorporará a su denuncia en Estrasburgo. En este se detallan numerosos elementos sospechosos, como unas anotaciones a mano en un expediente de los cursos de preparación de su mujer en el que puede leerse: “Ojo, marido”. “Yo no había podido acompañar a mi mujer a esos cursos durante muchos meses. El primer día que aparecí por allí escribieron eso en el informe. Debieron pensar que se trataba de una madre soltera y por tanto de una víctima perfecta”, añadió.
“Está siendo algo terrible. Estamos en una absoluta desprotección. Sólo queremos que alguien se moleste en leer nuestro caso completo y hacer justicia, queremos encontrar a nuestra hija”, concluyó Raya, para quien el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones se basó en “una prueba falsa que el hospital se sacó de la manga”.
“Quieren evitar la responsabilidad patrimonial no sólo de este caso, sino de muchos otros, además de que salgan a la luz los nombres de determinadas personas con poder que están relacionadas con todo esto y que algún día podremos desvelar”, terminó.
En Granada, según diferentes asociaciones y afectados se ha dado carpetazo a muchos casos y crédito a las respuestas que ofrecen los hospitales. “Son los que pueden estar detrás de cada caso e implicados en la falsificación de documentos”, explicó Celia Maldonado, una de las representantes de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares.
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