El Consell hará más recortes para llegar al objetivo de déficit en 2013
La adhesión al fondo de rescate obliga a revisar el plan de ajuste
![El consejero de Economía, Máximo Buch, en las Cortes Valencianas.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LFRFWUEASK7QEKRBXK3Q7JYMEQ.jpg?auth=236a9193af8572fc4df7b460fe2e9808e11c6aafac488875fd5209286ed07809&width=414)
La adhesión de la Comunidad Valenciana al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Gobierno implicará nuevos recortes en el presupuesto de la Generalitat del año que viene.
El decreto ley del Gobierno, que regula el fondo de rescate, obliga a las autonomías que se adhieran al FLA a cerrar 2013 con un déficit del 0,7% del PIB regional, en vez del 1,1% inicialmente previsto. Este compromiso obligará a la Generalitat a modificar el plan de reequilibrio financiero 2012-2014 elaborado con una previsión de déficit del 1,1% del PIB en 2013.
Es decir, la Generalitat tendrá que recortar —o compensar con ingresos adicionales a través de tributos— 400 millones de euros más de lo que tenía previsto para el año que viene.
La Generalitat insiste, como este lunes hizo el presidente Alberto Fabra, en que la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico no supone nuevos ajustes porque el Consell va a cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB. Es decir, no hay previstas medidas adicionales para este año, aunque sí las habrá el año que viene, en el que se tendrá que recortar el déficit en cuatro décimas más de lo previsto.
Fuentes de la Generalitat confirmaron este lunes que la primera petición realizada al Fondo de Liquidez Autonómica ronda los 950 millones de euros, que podrían empezar a recibirse el próximo mes de septiembre. Esta cantidad es, aproximadamente, la mitad de la deuda que la Generalitat tenía previsto emitir este año y que no ha podido colocar en los mercados.
El Gobierno impondrá más ajustes si el Consell no puede cumplir el déficit
El Consell votó a favor de adelantar la reducción del déficit en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y asumió el objetivo del 0,7% en 2013. Cataluña, Andalucía y Asturias se negaron y Extremadura y Castilla y León se abstuvieron. Si se adhieren al FLA tendrán que asumir el objetivo del 0,7%.
La adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por parte de la Comunidad Valenciana supone la aceptación de nuevas condiciones de control por parte del Gobierno. Unas condiciones que otros presidentes autonómicos del PP, como el murciano Ramón Luis Valcárcel que este lunes anunció que también se adherirá al fondo, no han dudado en tachar de “durísimas”.
El decreto del Gobierno admite que “algunas comunidades autónomas ya disponen de un plan de ajuste en vigor, como consecuencia de haberse adherido a otros mecanismos de apoyo a la liquidez implementados por el Estado [la línea ICO y/o plan de pago a proveedores]”, pero advierte: “Por tanto, si ahora también deciden acceder a este nuevo mecanismo deberán realizar las modificaciones necesarias en su plan de ajuste para garantizar el cumplimiento de los nuevos compromisos que adquieren”.
Según el decreto del Gobierno que regula este fondo de rescate, la Generalitat tendrá que acordar con el Ministerio de Hacienda “las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los nuevos compromisos adquiridos”.
Para ello, el Consell tendrá que remitir al Ministerio de Hacienda un exhaustivo “plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva”, que se actualizará en la primera semana de cada mes.
La Generalitat avalará con la financiación autonómica los créditos del FLA
No es la única condición impuesta por el Gobierno para facilitar liquidez a las autonomías. De acuerdo con la regulación del FLA, el Ministerio de Hacienda realizará un seguimiento del plan de ajuste de la Generalitat y, en caso de que “detecte riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de ajuste, propondrá su modificación, con la adopción de nuevas medidas o la alteración del calendario de su ejecución, puediendo solicitar a la Intervención General del Estado que acuerde las actuaciones necesarias para llevar a cabo una misión de control”.
Es decir, si el Consell tiene problemas para cumplir con el objetivo de déficit será el Gobierno quien reclame medidas adicionales y, si lo considera necesario, mandará los hombres de negro a Valencia, en la terminología del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El dinero del Fondo de Liquidez Autonómico será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y se concederá por tramos para vigilar que las autonomías beneficiarias cumplen con las condiciones exigidas.
Además, la devolución de los créditos solicitados al Fondo de Liquidez Autonómico quedará garantizada “por la retención de los recursos del sistema de financiación” que tiene la Comunidad Valenciana. Es decir, el coste de los créditos del fondo de rescate —que serán a un tipo de interés algo superior a los del Tesoro— se irán detrayendo de la financiación autonómica.
Optimismo por la reducción del gasto en el segundo trimestre del año
El Ejecutivo que preside Alberto Fabra asegura que en la actualidad ya facilita al Ministerio de Hacienda toda la información solicitada y que el único requisito nuevo será la elaboración de un plan de tesorería. Además, dan por hecho que podrán cumplir con el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB para este año.
Según fuentes del Consell, el déficit se ha contenido en el segundo trimestre del año y el nivel de ejecución del gasto está en el 49,5% en los seis primeros meses del año, lo que invita al optimismo.
En este contexto, la Generalitat comunicó el pasado martes, hace justo una semana, al secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, que iba a adherirse al Fondo de Financiación Autonómico.
El consejero de Economía, Máximo Buch, cifró ayer en 3.500 millones de euros las necesidades de liquidez de la Generalitat antes de acabar el año. De esta cantidad, 1.500 corresponderían a la cobertura del déficit del 1,5% y otros 2.000 a los vencimientos de deuda que hay que afrontar.
Primera consejería arrendada
El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, anunció este lunes que la Agencia Tributaria alquilará la sede de la Consejería de Infraestructuras en la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia por cinco años, renovables inicialmente por otros cinco.
El precio del alquiler será de un millón de euros anuales y se concretará cuando los funcionarios de la Consejería de Infraestructuras de la citada sede se trasladen en el primer trimestre de 2013 al complejo 9 d’Octubre, situado en la antigua cárcel modelo de Valencia. El protocolo de arrendamiento firmado entre el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, y el delegado de la Agencia Tributaria, Manuel Cabrera, se convierte en un incentivo más para posibles inversores interesados en comprar un inmueble con un inquilino solvente.
La iniciativa de rentabilizar el patrimonio de la Generalitat se enmarca en el plan de optimización de patrimonio, retrasado por el desplome del mercado inmobiliario.
El Consell tiene puestos a la venta, entre otros inmuebles, la sede de las consejerías de Bienestar Social y Agricultura —las instalaciones de la antigua clínica La Cigüeña— y de la Consejería de Economía en la calle de Colón de Valencia.
Además de estos inmuebles, la Consejería de Hacienda ha elaborado un catálogo con todos los bienes inmuebles repartidos por la Comunidad Valenciana y Madrid que quiere poner a la venta y que ya tienen una tasación oficial. El Consell ya contaba en 2011 con ingresar por este concepto una importante cantidad de dinero, aunque la falta de compradores hizo que esta partida se trasladase a las cuentas de este año.
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