Las críticas del presidente a su equipo tensan el Tribunal de Cuentas

Las críticas del presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Ignacio Martínez Churiaque, a la falta de ritmo en los trabajos de una parte de los equipos que funcionan en el órgano de control realizadas en una entrevista en este periódico hace una semana, han venido a enrarecer más unas relaciones ya de por sí deterioradas. Según medios conocedores del clima interno, incluso se ha llegado a perder las formas en algunos momentos.

El abandono por parte de los consejeros del PNV de la reunión en la que se reeligió a Martínez Churiaque como presidente y a José Miguel Bonilla como vicepresidente, no es más que una mínima manifestación externa de lo que ocurre. Y las desavenencias no son solo entre los consejeros propuestos por ese partido y los del PSE y el PP, sino también entre los propuestos por esas dos últimas formaciones.

Algunos consejeros dedican casi un millar de horas a lo que antes se hacia en 70

De hecho, el enfado del PNV el día de las reelecciones provino, más que de ninguna otra cosa, de haber visto defraudadas las serias expectativas que tenía de recuperar la presidencia del Tribunal. Las había ido amasando a la vista del enfrentamiento abierto entre el presidente (propuesto por el PP) y el vicepresidente (consejero a propuesta del PSE).

Según esos mismos medios, que pidieron no ser identificados, Churiaque y Bonilla han protagonizado agrios encontronazos por la organización del trabajo que realizó el presidente a su llegada y que el segundo cuestionaría. Bonilla sostendría que el responsable de los retrasos que acumula el tribunal es el erróneo reparto de tareas y la adjudicación desequilibrada de recursos humanos a cada equipo.

Como efecto de todo ello, el TVCP no ha entregado su informe de la cuenta general de la comunidad autónoma de 2009, cuando el objetivo es no tardar más de 18 meses desde que la administración fiscalizada cierra sus cuentas. Y dado el estado incipiente en que se encontraría la parte del trabajo que falta, según ha podido saber este periódico, lo más probable es que el Ejecutivo de Patxi López vaya a terminar su mandato, sobre todo si este se acorta a otoño, sin que haya sido evaluada siquiera la gestión de su primer ejercicio, el que compartió a medias con el tripartito de Juan José Ibarretxe (el relevo se produjo el 8 de mayo).

Sí se han publicado los informes de ese año relativos a la administración general (Gobierno), a Osakidetza y a EITB. Este último, que advertía de que la dirección actual del ente no ha terminado con la irregularidad de las contrataciones, aunque han bajado sustancialmente en número respecto de la etapa anterior, fue entregado hace solo una semana. Pero falta aún el que suele resultar más delicado: el que debe evaluar todas las sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y organismos públicos.

Martínez Churiaque asumía este retraso como un fracaso personal, pero también del pleno del TVCP. “El Tribunal y yo hemos fracasado en el intento de reducir los plazos de ejecución de los informes por el sistema de dedicar más equipos a cada área de control”, dijo en la entrevista con este periódico hace una semana. “El tribunal tiene una maquinaria tremendamente reacia al cambio y a la incorporación de nuevos procedimientos y normas ante nuevas circunstancias”, fue otra de sus críticas.

No se ha podido hablar con ninguno de los otros seis integrantes del Tribunal tras las acusaciones vertidas por el presidente. “No quiere hablar con la prensa” y “No se va a poner” fueron las respuestas, a través de sus secretarias, de Begoña Marijuán y Eusebio Melero (ambos propuestos por el PNV), mientras el tercer consejero por esa formación, José María Gorordo, se encontraba ilocalizable. Idéntica negativa transmitieron el vicepresidente Miguel Bonilla, Mariano García y Gonzalo Vera-Fajardo (propuestos los dos primeros por el PSE y el tercero por el PP).

Según los medios conocedores del funcionamiento interno del Tribunal, en el reparto en siete áreas del trabajo que decidió el pleno a propuesta del presidente, el control de los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas y los organismos autónomos del Gobierno le correspondió a José María Gorordo. Una vez realizado el borrador de cada informe, los consejeros los intercambian para que otro haga el control de calidad. En el caso de la cuenta del Gobierno, esta misión recayó sobre otra consejera del PNV, Begoña Marijuán, que habría empleado, siempre según los mismos medios internos, en torno casi al millar de horas en un trabajo que sus predecesores habrían solventado en unas 70 u 80.

El presidente no quiso hablar de boicot cuando se le preguntó expresamente si era esa la explicación: “Algunos profesionales no tienen incorporado que no emitir los informes en el tiempo pertinente es incumplir nuestra obligación con autoridades y ciudadanos”, se limitó a responder.

Ningún implicado se ha prestado a contrastar las acusaciones

Los problemas parecen estar detectados, al menos a juicio del presidente: el trabajo de campo de un informe, el que realizan los auditores y funcionarios del Tribunal sobre el terreno en cada institución a controlar, es inferior al de tramitación de su borrador por el consejero correspondiente. Después pasa el control técnico, la actuación de la CTA (Comisión Técnica de Auditores), la aprobación provisional por el pleno, el envío a los concernidos para alegaciones, la recogida de la respuesta de alegaciones del fiscalizado y la aprobación definitiva en pleno.

El presidente del tribunal tiene claro que esa descompensación no es admisible y cree precisa una regulación de plazos y la supresión de los tiempos muertos que se pueden crear porque no hay límites. Pero ese requiere realizar una modificación del Manual de Procedimientos, en cuyo abordaje llevaría varado el pleno del Tribunal desde hace medio año, según medios cercanos a Martínez Churiaque. Según otros, nunca se ha discutido una propuesta formal.

El presidente, el único dispuesto a hablar, señaló a este periódico: “¿Hay una situación de tensión en este Tribunal? Sí. ¿Soy yo el origen de esa tensión? Sí, porque he creído que hay que modernizar el manual de procedimientos, que no podemos funcionar como siempre, que hay que entregar los informes en 18 meses desde que cierra su cuenta la institución controlada, que la paciencia de autoridades y público se agota justificadamente si no reducimos los desfases”.