Erosión de legitimidad

Tiene razón el nuevo presidente del PP en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, al decir, tras tener conocimiento de los resultados del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, que no es momento de encuestas. Estamos ante una situación de emergencia, en la que la posición relativa de los distintos partidos políticos en las preferencias ciudadanas es relativamente irrelevante. Lo que está en juego no es el color de la opción política que va a ocupar el Gobierno de la comunidad en unas futuras elecciones, sino la propia supervivencia de la fórmula de Gobierno que preside nuestra convivencia.

Sobre esto es sobre lo que la dirección de cada uno de los partidos políticos andaluces tendría que reflexionar. Es verdad que no hay alternativas en la sociedad andaluza a las de los partidos políticos con representación parlamentaria y también lo es que, aunque la participación electoral no está en sus mejores momentos, sí continúa teniendo la suficiente consistencia como para que no pueda considerarse que hay una desafección que cabría calificar de sistémica en nuestra comunidad. Las elecciones del pasado 25-M han sido una buena prueba de ello.

Pero no es menos verdad que la distancia entre los ciudadanos y los partidos no deja de crecer. No se discute la legalidad de su ocupación de las distintas parcelas de poder, pero sí empieza a ser perceptible una erosión de la legitimidad en los órganos a través de los cuales se toman las decisiones políticas y se aprueban las normas jurídicas. Erosión de legitimidad que afecta a todos. El resultado del estudio en este sentido sí es relevante.

Porque la situación de emergencia económica y social por la que estamos atravesando, que se está prolongando más de lo que nadie previó y que tampoco sabemos cuánto más a va a durar, no va a facilitar que se pueda hacer frente a esa erosión de la legitimidad que cada vez es más visible. Esta es la tarea urgente a la que las direcciones de todos los partidos tienen que prestar atención.

Y lo primero que hay que hacer es reivindicar la trayectoria del ejercicio del derecho a la autonomía desde hace más de 30 años. Si no conseguimos prestigiar la descentralización política como instrumento de la unidad política de España y como ámbito en el que únicamente es posible el ejercicio democrático del poder, la separación entre la ciudadanía y los partidos e instituciones andaluzas seguirá creciendo.

El momento es malo para ello. Fernando Ónega, en artículo publicado ayer en La Vanguardia, daba por hecho no que estuviera en marcha una campaña de desprestigio del Estado autonómico, sino que constataba que la campaña había calado y que toda la responsabilidad de dicho desprestigio se hacía recaer en las comunidades autónomas. Para evitar malentendidos, quiero dejar constancia que el autor no secunda dicha campaña. Hay una operación de liquidación del ejercicio del derecho a la autonomía, que puede dejar a todos los partidos regionales sin terreno en el que apoyarse. No solo a los andaluces, pero sí muy especialmente a los andaluces.

Porque Andalucía junto con Cataluña son las dos comunidades que dan consistencia al Estado autonómico. No quiero decir con ello que tengan que tener un estatus privilegiado, pero sí que de ellas depende la calidad del ejercicio del derecho a la autonomía de todas las demás. En la tensión entre Cataluña y Andalucía en la definición del contenido y alcance del derecho a la autonomía se ha construido el canon de descentralización política del Estado. Ocurrió en los momentos de inicial puesta en marcha de la Constitución y lo estamos comprobando en estos últimos meses. Espero que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió el 28-F, el PP entienda que la preservación de la autonomía andaluza también es tarea suya.