El nuevo recorte de Rajoy deja un agujero de 60 millones en la dependencia

Los recortes del Gobierno central en la financiación de la ley de Dependencia dejarán este año en Andalucía un agujero de 60 millones de euros. ¿Puede la Junta mantener las prestaciones, seguir incorporando a los nuevos dependientes y hacerlo sin que baje la calidad del servicio? Esta es la pregunta que se hacen los responsables de la Consejería de Salud y Bienestar Social desde que el sábado se publicó en el BOE el texto completo del real decreto 20/2012, que contempla una nueva bajada de la aportación estatal para la dependencia. Y la respuesta, según la consejera María Jesús Montero, pasa por la “reorganización del modelo”.

“Vamos a hacer un esfuerzo responsable para que esto no se traduzca en una bajada en la calidad de las prestaciones. Pero la comunidad autónoma no puede hacerlo sola. Habrá que hacer un esfuerzo entre todos”, señaló Motero. La consejera espera reunirse en los próximos días con los Ayuntamientos (que conciertan los servicios de ayuda a domicilio), dueños de residencias y otros proveedores de servicios para buscar soluciones.

El nuevo decreto rebaja otros 18,5 millones la aportación estatal

Montero se compromete a no reducir la aportación a la dependencia en la misma medida que lo ha hecho el Gobierno central. “Podríamos hacerlo, pero no es la solución”, advirtió. Entre las opciones que baraja su departamento para compensar esos 60 millones de euros que se dejan de ingresar, la consejera aludió a una revisión de las tarifas de las residencias para descontarle parte del dinero de menos que va a aportar el Gobierno central o intentar rebajar los costes del funcionamiento de los servicios. “Entendemos que no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Hay que reorganizarlo todo. Nos sentaremos con ellos y entre todos abordaremos una respuesta lógica y razonable”.

El panorama que dibujaba la Junta tras la reunión del ministerio y las comunidades la semana pasada ya era negro, pero la situación ha empeorado tras leer la “letra pequeña” del decreto. La norma contempla una reducción de la ayuda mensual que reciben los cuidadores familiares (a los que también se ha retirado la cotización a la Seguridad Social que pagaba el Estado), lo que supone un ahorro de 29 millones de euros para la Junta. Pero, según los datos aportados este miércoles por la consejera y el director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, Jesús Huerta, la bajada de la aportación estatal supera con mucho este ahorro. En total, Andalucía va a recibir este año 88,5 millones de euros menos para la dependencia. De ellos, 70,7 corresponden al recorte acometido ya en marzo en los Presupuestos Generales del Estado, a los que el decreto de la semana pasada suma otros 18,5 millones al reducir en un 13,4% la aportación que hace el Estado a las comunidades por cada dependiente al que atiende (y que varía en función del grado de dependencia del usuario).

Montero criticó la “deslealtad” del Gobierno central, que incluyó en el decreto medidas que ni se habían mencionado en la reunión con las comunidades. “Nos oculta información, lo que limita nuestra capacidad de debate. El Gobierno se olvida de que las comunidades también somos Estado”, señaló la consejera. Esta toma de decisiones “unilateral” por parte del ministerio que dirige Ana Mato es uno de los argumentos que el Gobierno andaluz incluirá en el recurso que la Junta prepara contra el decreto estatal.