La Junta paga la extra de verano, pero mantiene el resto de recortes

El aluvión de drásticas medidas aprobadas por el Gobierno central el pasado viernes y recogidas con más vueltas de tuerca en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el sábado va a provocar cambios en el decreto de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda que se tramita como ley en el Parlamento andaluz. El grueso de los recortes salariales en el capítulo 1, el de gasto de personal, se mantiene. Por esta vía, el Gobierno autónomo pretende ahorrar 747 millones de euros de un total de 2.700 millones.

La buena noticia para los 261.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía es que la paga extra del mes de verano, que ya han cobrado, la percibirán íntegra. La idea inicial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública era detraer desde el mes de julio a diciembre a los trabajadores de la Administración andaluza los complementos de esa paga. Las comunidades no tienen competencias sobre las retribuciones básicas, pero sí sobre los complementos. Y por el camino de eliminar esos pluses de las extras de verano y de navidad, la Junta estimaba ahorrar 315 millones de euros.

En esto se cruzó la medida del Gobierno central de suprimir la paga de Navidad, una orden de obligado cumplimiento. Esta paga supone a la Junta de Andalucía un ahorro de entorno a 400 millones de euros, aunque políticamente los socios del Gobierno de coalición, PSOE e IU, se lo endosan en el debe del Ejecutivo de Rajoy.

Aunque el decreto sufrirá modificaciones, la Junta mantendrá la reducción del 10% del salario y de la jornada laboral de los interinos y la eliminación de los distintos beneficios de los funcionarios y del personal laboral como las llamadas ayudas sociales.

Ante la situación de “especial gravedad” de España y de Andalucía, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, convocó ayer por separado a los agentes sociales a una reunión en el palacio de San Telmo. Primero se reunió con los líderes regionales de UGT, Manuel Pastrana, y Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, y luego con el presidente de la patronal, Santiago Herrero. Al mismo tiempo, el Consejo de Gobierno tomó la decisión política de no detraer de la paga de verano de los empleados públicos ninguna cantidad por los complementos salariales que perciben.

Esta decisión deberá traducirse en un acuerdo del Consejo de Gobierno, cuyo portavoz, Miguel Ángel Vázquez, anunció que el nuevo decreto dejará sin efecto seis artículos del que ahora está vigente. Se aprobará no más tarde del martes próximo aunque no se descarta la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario antes de esa fecha. La Consejería de Hacienda y el portavoz del Gobierno resaltaron que el decreto está en vigor y que no hay paralización, ante los confusos mensajes en sentido contrario del vicepresidente de la Junta y coordinador de IU, Diego Valderas, y también del vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez, que fue el que anunció, desde la sede de su partido, la eliminación de los recortes salariales a los funcionarios.

Los sindicatos mantienen su negativa frontal al decreto ley sobre el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía en lo que afecta a los recortes de derechos de los empleados públicos. Sean estos interinos o no o afecte la rebaja a las ayudas sociales y a las gratificaciones por jubilación. Los sindicatos por lo que dijeron Pastrana y Carbonero no van a legitimar con su apoyo estas medidas. “Lo volvemos a decir, queremos que se retire el decreto”, dijo Carbonero, mientras Pastrana habló de “un nuevo tiempo de negociación”.

Pasados los congresos del partido socialista, Griñán ha vuelto a enfundarse el traje de presidente de la Junta de Andalucía y ha tomado la iniciativa política que hasta ahora desempeñaba con más constancia su compañero de coalición y vicepresidente, Diego Valderas.

Esta ofensiva se traduce en varias medidas. Griñán remitió ayer una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide una reunión urgente para “la priorización conjunta de objetivo” y tras los “lesivos” criterios de déficit acordados en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En los seis meses de Gobierno, Rajoy aún no ha celebrado una entrevista ni de cortesía con Griñán.

En el CPFF, el Estado se reservó el margen que Bruselas ha concedido a España para que pueda incurrir en un balance negativo del 6,3% del PIB en lugar del 5,3% este año. Las comunidades autónomas no verán suavizada su situación y solo podrán alcanzar un -1,5%. Tampoco las regiones verán ni un euro del supuesto incremento por la subida del IVA cuando el sistema de financiación autonómica establece un reparto del 50% entre el Estado y las comunidades, que son las que tienen el grueso del gasto social.

Griñán, que compareció en rueda de prensa tras terminar su ronda de contactos con los agentes sociales, denunció que se intenta “doblegar de manera autoritaria” a las autonomías, especialmente a Andalucía, a la que se somete a una “asfixia financiera no permitiéndole el acceso al crédito”. Griñán aseguró que la comunidad no puede hacer efectivo el endeudamiento que tiene autorizado porque los mercados están cerrados. Dicho eso, aseguró que cumplirá con el déficit exigido por el Ejecutivo central. Horas antes Pastrana, dejó caer que si las entidades financieras habían cerrado el grifo se debía a “sugerencias políticas” del Gobierno central.

La iniciativa política pasa también por insistir en la reclamación de una conferencia de presidentes autonómicos, la comparecencia en un pleno extraordinario del Gobierno y plantear todos los recursos legales y constitucionales al alcance de Andalucía. “No vamos a tolerar que cambien el modelo territorial y social. Si el Gobierno quiere suprimir las autonomías que lo diga claro”, enfatizó.

El presidente de la CEA abogó por afianzar la “marca Andalucía” con la creación de una mesa integrada, en un primer momento, por todos los partidos, los sindicatos y la patronal.