57.000 catalanes no accederán a la dependencia hasta 2015 por los recortes

Un total de 57.083 personas con derecho a percibir una ayuda por dependencia tendrán que esperar hasta 2015 debido a la reforma de la normativa aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Los afectados son los dependientes más moderados, que debían entrar en el sistema entre 2013 y 2014, pero el Ejecutivo de Rajoy decidió postergarlo un año más. La Generalitat ha hecho balance este lunes del impacto que tendrán estos recortes en Cataluña, que en financiación se traducirá en una disminución de unos 76 millones de euros. El decreto del Gobierno es “un remiendo y una tomadura de pelo a los ciudadanos y a las comunidades autónomas", ha afirmado el consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, que quiere llevar la reforma al Tribunal Constitucional.

Según los datos de la Generalitat, la ley de la dependencia supuso un coste de 1.286 millones el año pasado. De estos, 906 millones (70%) los puso el Gobierno catalán, 258 (20%) el Estado y los 122 restantes (10%) los paga el usuario de su bolsillo. El decreto del Estado aprobado el viernes que recorta las prestaciones de la dependencia a partir del 1 de agosto, así como la partida a las comunidades autónomas en unos 200 millones, se traducirá en una rebaja de la transferencia a Cataluña de unos 76 millones de euros, una cifra que podría ser superior, ya que la dotación depende del número de beneficiarios. Con este recorte de casi el 30%, el Estado “se desentiende y se declara en retirada de la ley”, ha acusado Cleries.

Todavía falta por concretar cómo van a repercutir estos recortes en el usuario, ya que el Gobierno central todavía no ha publicado el decreto con los precios de los servicios. La Generalitat estaba ultimando su propio decreto para aumentar este copago del dependiente, que iba a pasar del 10% actual al 13%, pero este porcentaje podría ser mayor, ha advertido hoy Cleries, ya que si la Generalitat mantiene su aportación, la parte que recorte el Estado deberá ser asumida por el usuario.

El consejero ha admitido estar a favor de algunas de las reformas anunciadas por el Estado, como la simplificación de la compleja clasificación de los beneficiarios según su grado de dependencia, así como de la flexibilización de los horarios de atención del cuidador profesional. No obstante, Cleries se ha mostrado más reacio a esperar dos años para tramitar las nuevas solicitudes, un plazo que hasta ahora era de seis meses como máximo. El departamento considera que es un “periodo excesivo”, sobre todo cuando se trata de un colectivo “muy vulnerable”, con una situación delicada de salud. Además, la Generalitat no recortará más allá del 15% del sueldo de los cuidadores no profesionales marcado por el Estado, que afectará a los 106.957 (básicamente son familiares) que hay en Cataluña.

El consejero ha insistido en que el decreto vulnera competencias del Estado y ha anunciado que pedirá dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, un paso previo para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, cosa que no está seguro de que se produzca, ya que es una decisión que depende de Artur Mas. El Gobierno catalán ya ha decidido no presentar recurso ante el alto tribunal contra los decretos de educación y sanidad, aunque la Generalitat no se ha cansado de amenazar con ello.

21.737 nuevos dependientes

En lo que va de año, 21.737 personas han accedido al programa de ayuda de la dependencia; 10.614 de ellas lo hicieron durante el segundo trimestre de 2012, según los datos publicados hoy por el Departamento de Bienestar Social. En total, en Cataluña existen 152.974 personas beneficiarias.

El cuidador no profesional continúa siendo la ayuda más habitual que se concede (106.957 beneficiarios), ya que resulta más económica. Hasta ahora se pagaba entre 180 y 520 euros mensuales, unos importes a los que hay que aplicar el 15% de recorte. De los 152.974 beneficiarios totales actuales, solo 25.055 cuentan con una plaza en una residencia para gente mayor.

Por otra parte, la Generalitat ha dado un paso adelante en la elaboración de la ley de dependencia catalana con la creación del comité de expertos que ayudarán a redactarla. La comisión está formada por responsables de los ámbitos de discapacitados físicos y mentales, y de las personas mayores. Y es que la principal diferencia de la normativa catalana respecto de la estatal sería un sistema de prestaciones y ayudas diferenciado para estos tres colectivos de dependientes.