Policías en comisaría ajena

Un complejo caso de corrupción policial dejó ayer una imagen insólita y cargada de simbolismo que amenaza con avivar las rencillas entre instituciones: agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) irrumpieron en el cuartel general de los Mossos d’Esquadra. El juez que investiga el caso ordenó la singular actuación para obtener copia de unas escuchas telefónicas que, según sospecha, le fueron ocultadas por investigadores de la policía autonómica para proteger a un narcotraficante.

El consejero de Interior, Felip Puig (CiU), calificó de “chocante y complejo” el desembarco policial en el sanctasanctórum de los Mossos: el complejo Egara, en Sabadell (Vallès Occidental), que alberga las unidades de investigación e información. Puig expresó “confianza” en los agentes y “respeto” por la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que mantiene imputados al subinspector Antoni Salleras y a cinco subordinados por encubrir el papel central que un supuesto traficante, Manuel Gutiérrez Carbajo, tiene en el llamado caso Macedonia.

El caso hace honor a su nombre: es una ensalada de frutas. Y no puede entenderse sin una buena dosis de contexto. Gutiérrez Carbajo es un confidente policial. Y no uno cualquiera. Su colaboración ha sido clave para desarticular otros dos casos de corrupción policial. Uno de ellos —que acaba de juzgarse y está pendiente de sentencia— aborda el robo de un contenedor de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona. La fiscalía ha pedido elevadas penas de prisión para varios guardias civiles y un inspector jefe del CNP.

El segundo caso, pendiente de juicio, afecta de lleno a este cuerpo policial. La fiscalía pide hasta 44 años de cárcel para mandos policiales que, a cambio de favorecer la prostitución ilegal en los macroburdeles Riviera y Saratoga, en Castelldefels, recibieron dinero y regalos. Entre ellos está el comisario Luis Gómez. La declaración que prestó Carbajo ante el fiscal anticorrupción también sirvió para ayudar a desmantelar la trama.

La unidad anticorrupción de los Mossos, liderada por Salleras, dirigió la operación de los prostíbulos. Salleras también participó en los inicios del caso Macedonia, que comenzó hace tres años a raíz de una compraventa de cocaína que resultó sospechosa. Pero más tarde fue imputado por el juez por ocultar, supuestamente, conversaciones de interés sobre Carbajo y otros agentes policiales.

Hace unas semanas, los Mossos entregaron a Aguirre una copia del master original que contiene todas las conversaciones grabadas durante la investigación. Un perito de la acusación popular, que ejerce el sindicato ultra Manos Limpias, cotejó esos documentos de la fuente original con las escuchas remitidas por los Mossos al juzgado. Y concluyó que la policía autonómica había omitido, de forma deliberada, más de 700 conversaciones de interés para el caso, por lo que pidió la imputación de otros 12 policías.

Al examinar los casi 30 DVD remitidos al juzgado, los abogados de Manos Limpias detectaron que uno de ellos estaba roto y otro tenía importantes rayaduras en la superficie, lo que hacía imposible la lectura de ambos. El perito así lo hizo constar en su informe, en el que también remarcó que, además de las 700 conversaciones que no aparecían en la lista de las remitidas al juzgado, tampoco figuraban 1.490 mensajes de texto SMS y 711 archivos de transcripción.

La conclusión de la acusación popular es que esa falta de información no fue motivada por un error, sino que se “manipuló” de forma intencionada para que algunas personas vinculadas en el caso no fueran identificadas. El perito cita como ejemplo las llamadas de un personaje conocido con el alias de Tarek, que ni se transcribieron ni se señalaron como relevantes para la investigación. Del análisis de esas llamadas se desprende que Tarek era el proveedor de la droga de uno de los imputados en la causa, David Donoso.

Para contrastar esas conclusiones y a petición del fiscal, el juez acordó que se encargara un segundo informe sobre ese mismo asunto al Cuerpo Nacional de Policía. Al dirigirse al juzgado para llevarse sus propias copias de los DVD de los Mossos, expresaron su extrañeza por que estos presentaban rayaduras profundas que “parecían hechas expresamente”, según fuentes cercanas a la investigación. Fue entonces cuando el juez Aguirre decidió disponer de una copia tomada directamente, sin la intermediación de la División de Medios Técnicos de los Mossos.

Según la providencia en la que ordena la obtención de una copia, el juez subraya que los DVD “tienen errores, procedentes de fuertes rayaduras y perfectamente advertibles a simple vista”. Para que los peritos de la policía puedan hacer su trabajo, razona Aguirre, “es necesario contar con una muestra indubitativa y sin errores”. De ahí la necesidad, justificó, de “personarse” en el macrocomplejo policial para “obtener una copia íntegra del contenido audiovisual”. La copia, eso sí, se hizo en “un disco duro” para evitar las rayaduras.

Aguirre permaneció ayer durante cinco horas en el edificio Egara junto a agentes de la División Económica y Técnica (Sitel). La presencia de otro cuerpo policial incomodó a los Mossos, que ven “innecesaria” la medida acordada por el juez. En un informe remitido hace unos días al juzgado, la policía autonómica reconoció que dos de los DVD que habían enviado tenían defectos. Pero en lugar de enviar esos dos documentos de nuevo, remitió solamente uno con el argumento de que el otro no podía copiarse, añadieron las mismas fuentes.

En el caso del confidente Gutiérrez Carbajo, las llamadas sí se entregaron al juzgado, pero no se remarcaron como significativas. Eso, en la práctica, dado el volumen de conversaciones que constan en la causa, significa que caen en el olvido.