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‘Caso Brugal’, un sumario sin vistas

Ninguno del centenar de imputados por la trama corrupta de la basura y el urbanismo de Alicante se ha sentado todavía en el banquillo de los acusados

Ripoll, el día en el que compareció ante el juez después de su arresto
Ripoll, el día en el que compareció ante el juez después de su arresto

El pasado día 6 se cumplieron dos años de la operación policial que destapó la mayor trama de corrupción político empresarial de la provincia de Alicante vinculada al negocio de la basura y urbanismo: el caso Brugal. Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, madrugaron, hasta el punto de que sorprendieron en pijama en su lujoso chalé al expresidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y su esposa. Ripoll y otras 18 personas, entre ellos, los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, fueron arrestados.

 La policía y la Fiscalía Anticorrupción consideran a Ripoll, Ortiz y Fenoll como los muñidores de la trama. Pero ni los tres, ya formalmente imputados ni el resto del centenar de implicados en el sumario general han llegado a sentarse en el banquillo de los acusados.

La instrucción del voluminoso sumario (40.000 folios), desgajada en tres piezas centrales y una quincena de causas colaterales, ha avanzado a ritmo cansino, atrapada, unas veces, por la lluvia de recursos de las partes, y otras, por las paradójicas resoluciones del primer instructor general, el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela.

El juez llegó a anular parte de las escuchas telefónicas que le dieron pie a ordenar los arrestos y los consiguientes registros. Más adelante, la Audiencia de Alicante revocó el auto del magistrado y validó las grabaciones policiales, principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción contra los imputados.

Los jueces han archivado siete de la veintena de causas del sumario

Durante este bienio, los distintos jueces competentes han archivado ya siete causas menores por falta de indicios racionales de criminalidad y sólo un magistrado ha decretado la apertura de juicio oral para el sumario abierto a raíz de la pistola encontrada en el despacho de Enrique Ortiz durante el registro policial de la sede de su empresa matriz, el Grupo Cívica. Por estos hechos, el fiscal solicita para el promotor un año y medio de cárcel por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas.

La primera causa archivada, a los pocos meses de levantarse el secreto del sumario de las diligencias, fue la que implicaba al exconsejero de Economía Gerardo Camps, por supuesto trato de favor Ortiz y el corredor de rallies Miguel Ángel Fuster. A ese archivo siguió el del sumario que indagaba un supuesto desvío de fondos de adjudicaciones de la Diputación de Alicante para financiar la Fundación Hércules. El imputado más relevante en esta causa era el exdiputado provincial del PP y actual director general de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón.

Más adelante, el Juzgado número 3 de Orihuela acordó el archivo de otras cuatros causas en las que estaban implicados alcaldes o portavoces del PP de los pueblos de Jacarilla, Pilar de la Horadada, Bigastro y Algorfa por supuestamente recibir sobornos (sobres con dinero en metálico) de Fenoll a cambio de las contratas de basuras.

Solo hay un juicio a la vista, contra Ortiz, por tenencia ilícita de armas

Las tres piezas claves del caso Brugal son el amaño de la contrata de la basura de Orihuela a favor de Ángel Fenoll; el soborno de Fenoll y Enrique Ortiz a Ripoll para obtener la adjudicación de la planta de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja; y el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de Ortiz.

La instrucción de las dos primeras piezas ha sido la más accidentada, y está aún pendiente de culminar la fase testifical. El retraso que acumulan estos dos sumarios se debe en primer lugar a la resolución del juez San Martín de Orihuela de anular parte de las escuchas y su decisión posterior de abandonar la oficina judicial. A este juzgado acaba de llegar el sexto juez en los cinco años que se prolonga la instrucción, aunque la intención del Tribunal Superior de Justicia es que la juez de apoyo que tomó el relevo a San Martín siga la instrucción.

Por el amaño de la contrata de basura del municipio de Orihuela la juez ya ha imputado a 13 personas, entre ellas, Fenoll y tres exediles del PP. La juez acaba de imputar a otras 29 personas. La más destacada es la exalcaldesa y actual portavoz del Grupo Popular, Mónica Lorente. La juez los interrogará a partir de mediados de septiembre.

En la pieza del supuesto soborno por la contrata de la basura del plan Zonal hay ya cinco imputados (Ripoll, Fenoll, Ortiz, el empresario Rafael Gregori y el exportavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Amorós). El fiscal ha pedido imputar a 20 personas más. La juez aún no se ha pronunciado.

Y en la causa del amaño del PGOU de Alicante, el instructor acaba de remitir el sumario al TSJ solicitando la imputación de dos aforados, los alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi. En este sumario el instructor ya ha interrogado como imputadas a 16 personas.

 

Responsabilidades políticas

S. N., Alicante

Todos los políticos implicados, acusados o imputados en el sumario del caso Brugal han rechazado su participación en la trama corrupta. Sin embargo, el avance de la instrucción ha ido segando la carrera de destacados cargos públicos con José Joaquín Ripoll, exlíder del PP de Alicante, como cabecera del listado.

La opción por dimisión ha sido asumida con más celeridad por parte de los políticos socialistas; en las filas populares la resistencia ha sido mayor. Los primeros en dimitir por su implicación en el sumario fueron los portavoces del PSPV en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de la capital, Antonio Amorós y Roque Moreno, respectivamente.

En el bando popular, las consecuencias políticas no se dejaron notar, en unos casos, hasta la antesala de las municipales de mayo de 2011, y en otros, como el de Ripoll, hasta pasada la convocatoria electoral. Los tres concejales del PP de Orihuela imputados en el sumario fueron excluidos de la lista de los populares oriolanos al Ayuntamiento. Igual suerte corrieron los cuatro concejales del PP de Calp, con el alcalde Javier Morató, a la cabeza. No obstante, este último logró el acta de concejal por una formación independiente.

Ripoll no tiró la toalla hasta que fue apartado de la presidencia de la Diputación, por el otrora sector campista. Finalmente, en noviembre de 2011 fue forzado a dejar la presidencia del partido, y fue reubicado en la presidencia del Puerto de Alicante.

En la lista de políticos obligados a replantearse su futuro por su implicación en la trama se incluyen la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, y los dos alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.