El juez del 'caso Brugal' seguirá en Orihuela

El juez del caso Brugal en Orihuela, Carlos San Martín, tendrá que continuar con la instrucción del sumario de una causa que lleva cuatro años siendo investigada y que ha dado lugar a diversas ramificaciones. San Martín había solicitado el traslado del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, del que es titular desde hace poco más de un año y medio, en el concurso para cubrir cinco vacantes de la provincia de Alicante que convocó el Consejo General del Poder Judicial la pasada primavera. Finalmente, no ha conseguido la plaza a la que optaba para vincularse al juzgado de lo penal número 6 de la capital alicantina y deberá seguir en su puesto.

San Martín llegó al juzgado cuando el caso estaba a punto de estallar definitivamente en diferentes piezas separadas que afectaban a otras demarcaciones territoriales. Tras haber derivado la investigación de la referida a la tramitación del Plan General de Alicante al juzgado de instrucción número 5 de la capital y el que afecta a la planta de basura de Calp al número 1 de Dénia, San Martín instruye en estos momentos la parte del caso que investiga las supuestas irregularidades en la concesión del vertedero del plan zonal de residuos de La Vega Baja, en la que se encuentran imputados, entre otros, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

Precisamente por la investigación de otra de las ramificaciones del caso que lleva el mismo magistrado, Fenoll estaba citado a declara ayer. Sobre él recae la acusación de haber financiado la campaña electoral del PP para los comicios municipales de 2007 en cinco localidades de La Vega Baja, a saber, Rafal, Jacarilla, Algorfa, Bigastro y Pilar de la Horadada. Entonces, las tres primeras estaban gobernadas por los populares y Fenoll tenía la concesión de la recogida de basura y las otras dos por el PSPV, donde otra empresa era tenedora de la misma contrata.

Según el informe policial que sirvió de acusación, Fenoll pagó a alcaldes y concejales del PP entre 3.000 y 9.000 en los días previos a la cita electoral. Pero en su comparecencia de ayer, el empresario se acogió a su derecho a no declarar.