Las medidas de conciliación siguen sin favorecer la igualdad en las empresas

Las medidas para alcanzar la conciliación de la vida familiar y laboral avanzan y se extienden, pero en su aplicación aún quedan espacios oscuros sobre los que trabajar. Aunque en la mayoría de las empresas y entre los mandos superiores se afrontan estas medidas de forma positiva, todavía el 14,1% de los jefes de quienes se acogen a una excedencia o a una reducción de jornada —en su mayoría, mujeres— se muestran beligerantes ante este derecho y en el 36,8% de los casos el entorno laboral de trabajadores se lo han tomado mal, muy mal o regular.

La inmensa mayoría de quienes siguen la experiencia, dispuestas a repetir

Es más, todavía el 17,5% reconoce que apostar por medidas de conciliación les ha dañado su proyección laboral —el 16,8% en las excedencias y el 19,3% en las reducciones de jornada—. Esta es una de las siete conclusiones de un estudio del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales realizado con 1.602 personas que entre 2002 y 2009 se acogieron a alguna de las ayudas económicas del Ejecutivo para reducir la merma de ingresos que pueden generar a la economía familiar una excedencia o una reducción de jornada: “La utilización de las medidas de conciliación tiene repercusiones negativas en el desarrollo profesional, afectando prioritariamente a las mujeres”. Eso sí, el 82% niega que haya tenido incidencia en su trayectoria.

El estudio pone sobre la mesa que en el 45,1% de los casos, las empresas han colaborado poco o nada para materializar las medidas de conciliación. Solo en la mitad de las reducciones de jornada se ha contratado a alguien, con el consiguiente incremento de la carga de trabajo tanto para el trabajador inmerso en la reducción —más de un tercio, el 37,4% asegura que hace el mismo trabajo que sin la reducción y de este grupo el 51,8% se confiesa estresado— como para sus compañeros. En el caso de las excedencias, se cubre el 68%.

Frente a la cara menos amable de las medidas de conciliación, el estudio arroja también resultados positivos: en el 97,6% las medidas de conciliación son aplaudidas en el seno de las familias, y el 90,6% de los titulares de las ayudas asegura que repetiría la experiencia. El resultado es que en Euskadi, las ayudas han experimentado un crecimiento paulatino entre 2002 y 2009 (salvo un parón en 2007), los ejercicios estudiados. El 72,9% de las personas que solicitaron la ayuda económica se acogieron a una reducción de jornada (medida que se prolongó, por término medio, durante casi tres años y medio) y el 26,4% a una excedencia (de dos años y cerca de cuatro meses). Solo el 0,07% optó por las ayudas para contratar a terceros, una alternativa que está vigente desde 2007. Estas últimas se han utilizado en 435 casos en los dos ejercicios que llevan en vigor, mientras que se han registrado 17.652 excedencias y 46.698 reducciones de jornada.

Estos recursos han alcanzado, por tanto, a un importante número de la sociedad vasca que, sin embargo, no considera que sirvan para alcanzar el objetivo por el que fueron creados: lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Entre los entrevistados, el 60% considera que las medidas fomentan poco o nada la igualdad. Una de las razones es el elevado número de mujeres que se acogen a estas opciones, el 94,5% —que, por otro lado, entre las barreras para la conciliación ponen en último lugar la escasa colaboración de su pareja, con un 10,9%—. Entre los hombres titulares de la ayuda entrevistados, el 72% sí las considera un impulso a la igualdad. La presencia de ellos solo aumenta —como solicitantes de una ayuda— cuando se trata de ayudas destinadas a contratar a otra persona.

¿Por qué mujeres? La mayoría de las familias (nueve de cada diez) asegura que la decisión de quién se acoge a las medidas de conciliación pivota en torno a factores como la situación laboral, los ingresos que tiene cada uno, la precariedad… Algo que lleva, según denuncia el estudio, a asumir roles patriarcales y a que sean ellas las que reduzcan su jornada laboral o aboguen por una excedencia, ya que las mujeres cobran tradicionalmente menos que los hombres (según un informe de CC OO de este año, existe una brecha salarial del 28,4%, lo que hace que ellas tengan que trabajar 102 días más que ellos para cobrar lo mismo). Eso sí, existe un sorprendente 10,8% de mujeres encuestadas que asegura que son ellas mismas las que tienen que acogerse a las medidas. El estudio menciona entre las razones un “sentimiento de maternidad exclusivista” entre algunas mujeres, así como un recelo de los hombres a sumarse a estas medidas por el rechazo social que perciben que tendrían.