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Ortiz descarga la contratación de Orange Market en sus empleados

Los empresarios imputados supuestamente pagaron actos electorales del PP a través de la empresa de 'El Bigotes'

El promotor Enrique Ortiz, tras declarar en el TSJ.
El promotor Enrique Ortiz, tras declarar en el TSJ.

El juez del TSJ valenciano José Ceres ha celebrado esta mañana una nueva sesión de toma de declaraciones en la causa por la supuesta financiación irregular del Partido Popular a través de la trama que organizaron Francisco Correa y Álvaro Pérez El Bigotes. Hoy tocaba el turno a varios constructores que supuestamente pagaron actos electorales del PP a través de Orange Market, la firma de la trama Gürtel en Valencia. Y el empresario alicantino Enrique Ortiz se ha exculpado de la contratación de la empresa de El Bigotes para después atribuir la gestión a empleados suyos, según ha asegurado su abogado, Francisco Ruiz.

"Él, personalmente, no intervino en los hechos; en el año 2007 y 2008, que es cuando la empresa contrató con Orange Market, el señor Ortiz no intervino", ha asegurado Ruiz, "intervinieron otros directivos de su empresa que ha identificado perfectamente". No ha facilitado los nombres ni ha tampoco ha confirmado si siguen trabajando la firma del constructor.

A las 9.30 ha llegado a la sede del tribunal el constructor castellonense Enrique Gimeno, uno de los empresarios imputados en la causa por haber pagado, supuestamente, actos electorales del PP mediante pagos irregulares a Orange Market. Después de Enrique Gimeno están citados ante el juez José Ceres los promotores Ortiz y Vicente Cotino, responsable del grupo Sedesa y sobrino del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino. Ninguno de los tres ha hecho declaraciones a los medios de comunicación tras salir de declarar en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Se trata de tres de los principales contratistas de la Generalitat, investigados en esta pieza de la trama Gürtel. La causa se ha dividido en tres piezas: un posible delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007, otro de falsedad documental en 2008, y la adjudicación irregular a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). A los empresarios se les ha imputado en la segunda de las piezas, que corresponde a una financiación irregular del PP valenciano pero sin que se atribuya un delito electoral puesto que en 2008 no hubo comicios.

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales afirma que Sedesa aportó 130.000 euros en fondos B a Orange Market —la firma de la trama corrupta que dirigía El Bigotes— en el año 2008, supuestamente para pagar parte de los gastos electorales del PP valenciano. Solo entre 2007 y 2009, el grupo Sedesa recibió 539 millones de euros en adjudicaciones del Consell.

Según la investigación policial, Enrique Ortiz, también imputado en el caso Brugal, habría pagado 300.000 euros en 2008 para pagar gastos electorales del PP. Y Fomento Agrícola Castellonense (FACSA), presidida por Enrique Gimeno, habría abonado 200.000 euros por el mismo motivo.

A la salida de la declaración, Francisco Ruiz, abogado de Enrique Ortiz, ha explicado que su cliente no fue el que negoció en 2007 y 2008 los contratos con Orange Market y que ha asegurado que ha puesto a disposición del juez el nombre de otros directivos para aclarar la cuestión.

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