Un contrabandista muy aplicado
El fiscal de la Seu d’Urgell destaca que el exconsejero Ausàs traficaba con tabaco casi “cada día” El político republicano tiene cuentas en Andorra
Un contrabandista atípico, pero muy aplicado. Este es el perfil que hizo del exconsejero de Gobernación de la Generalitat, Jordi Ausàs (ERC), detenido el miércoles en La Seu d'Urgell como presunto miembro de una banda dedicada al contrabando de tabaco procedente de Andorra, el fiscal decano de la localidad, Juan Sagredo. “Ausàs era muy trabajador, no descansaba nunca e iba al almacén cada día [para mover la mercancía], excepto alguno que se tomaba fiesta”, afirmó.
El almacén que cita el fiscal era el centro de operaciones de la trama de contrabando de tabaco andorrano por la que ya han sido detenidas nueve personas, entre ellas también un mando de la Guardia Civil y un agente forestal de la Generalitat. La mercancía, los cartones de tabaco, se revendían con un amplio margen de hasta 15 euros la unidad a terceras personas en La Seu y en otras ciudades como Barcelona. Uno de los documentos que la policía ha encontrado en poder del exconsejero republicano es un listado con los precios de venta, aparentemente distintos, en cada localidad.
Contrabandistas
Los Mossos d'Esquadra, encargados de instruir el atestado, encontraron durante el registro efectuado en la vivienda de Ausàs tabaco de contrabando por valor de casi 15.000 euros. Esa era la cantidad que los integrantes de la banda procuraban no superar, ni en tabaco ni en efectivo, porque es la que marca la línea que separa el delito de contrabando de una mera falta administrativa, castigada con multa.
En el domicilio del exconsejero, los agentes también intervinieron una cantidad de dinero en efectivo no precisada, diversos documentos, anotaciones con encargos de tabaco y documentación de cuentas bancarias de Andorra. Los Mossos tratan de comprobar ahora el origen de los ingresos que, en el caso de alguno de los detenidos, serían de difícil justificación al tratarse de cantidades superiores a 100.000 euros.
Fuentes de la investigación han explicado que el almacén utilizado como centro logístico no pertenece a Ausàs, sino que estaba alquilado a nombre de otro de los implicados en el caso. Lo que sí pudieron comprobar los investigadores es que la banda estaba muy organizada, sin que ninguno de sus integrantes “desempeñara el papel de cabecilla”, y que el lugar registraba un “tráfico continuo de personas” que llegaban con paquetes de tabaco y de otras que se lo llevaban. Juan Sagredo, fiscal encargado del caso, ha señalado que la cantidad de dinero que se repartían Ausàs y los otros miembros de la banda cada día era muy elevada.
El tren de vida
A pesar de haberse reducido el diferencial de precios con España, el contrabando de tabaco procedente de Andorra continúa siendo una actividad rentable para muchos vecinos del área de influencia de La Seu d’Urgell que consiguen ingresos complementarios por esta vía. En algunas marcas, los contrabandistas pueden obtener unas ganancias de entre 8 y 15 euros por cartón de diez cajetillas.
La operación policial sigue abierta y el mismo jueves fueron detenidas otras dos personas, entre las que se encuentra una agente forestal de la Generalitat, compañera de uno de los seis detenidos inicialmente. En total los implicados en el caso son nueve personas, entre los que se encuentran el exconsejero y un brigada de la Guardia Civil que estaba destinado en la aduana de La Farga de Moles y desde hace dos meses en situación de baja médica.
La investigación se inició por las sospechas que levantaron algunos miembros de la banda que llevaban un tren de vida por encima de sus posibilidades y que utilizaban coches de lujo que no podían comprar con su sueldo. Uno de los primeros investigados fue el suboficial de la Benemérita, el tercer máximo responsable del destacamento encargado de impedir la entrada ilegal de mercancías por el puesto fronterizo de La Farga de Moles.
Comenzó entonces un seguimiento de los sospechosos, entre los que inicialmente no se encontraba Ausàs. La primera aparición del exconsejero en la trama no se produjo hasta que se descubrió la existencia del almacén. La sorpresa de los investigadores fue mayúscula al comprobar que Ausàs era una de las personas que frecuentaba casi a diario el local para retirar el tabaco que otros implicados traían desde Andorra. La operación se precipitó cuando uno de los investigados empezó a sospechar que lo vigilaban y cambió rápidamente de comportamiento.
El brigada lo tenía fácil
Alguno de los detenidos pasaba el tabaco por la aduana utilizando un doble fondo en su coche, pero en el caso del mando de la Guardia Civil este lo tenía mucho más fácil, ya que a pesar de estar de baja viajaba casi a diario a Andorra, sin que los agentes de la aduana inspeccionaran su vehículo, como hacen con otros automovilistas. Además, el coche tenía los cristales tintados, por lo que desde el exterior no se podía ver el tabaco que transportaba.
Ausàs y el resto de detenidos continuaban ayer por la tarde incomunicados en la comisaría de los Mossos de La Seu. A última hora estaba previsto que realizaran la primera declaración en presencia de abogado. El abogado del exconsejero, Jordi Alís, se mostró estupefacto ante la implicación de Ausàs en esta trama. “Me resulta difícil de creer que tenga relación con este tipo de actividad. Le aconsejaré a mi cliente que no declare ante los mossos y que lo haga solo ante el juez” señaló el letrado. Los detenidos pasarán hoy, sábado, a disposición del juez. La Fiscalía aún no ha adoptado una postura sobre las medidas que solicitará para cada uno de los implicados. Todo dependerá del atestado policial, de la documentación que se haya podido analizar y de otras circunstancias, como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
“Todas las posibilidades están abiertas en este momento, incluida la del ingreso en prisión de los detenidos”, manifestó ayer el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, para quien Ausàs no ofrece el perfil del típico contrabandista que opera en la zona. El delito de contrabando está castigado con penas de hasta cinco años de prisión.
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