La era Camps, en los tribunales

La herencia política de Francisco Camps como presidente del Gobierno valenciano desfilará está semana por los tribunales españoles.

En solo cuatro días, a partir de hoy y hasta el próximo viernes, los jueces tomarán declaración a una docena de altos cargos de la Generalitat e importantes hombres de negocios por tres de los escándalos más sonoros de la etapa presidida por Francisco Camps: el caso Urdangarín, la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el caso Gürtel.

Se trata de casos de corrupción conectados con la política de grandes eventos de la Generalitat, con el hundimiento del sistema financiero valenciano y con la financiación irregular del PP regional. Todos ellos con una cosa en común: los desmanes se produjeron durante la era Camps.

En Valencia, el juez José Castro, que instruye el caso Urdangarin se desplazará desde Palma de Mallorca a Valencia el próximo jueves y viernes para tomar nuevas declaraciones.

En esta ocasión, el magistrado ha citado como testigos a dos exvicepresidentes del Gobierno valenciano. Se trata de Víctor Campos —que asumió el delito de cohecho pasivo impropio en el caso de los trajes por el que fue juzgado Francisco Camps— y de Vicente Rambla —imputado en el caso Gürtel por la financiación irregular del PP valenciano—.

El juez quiere esclarecer cómo la Administración de Camps contrató al Instituto Nóos que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, la celebración de tres ediciones de las jornadas de patrocinio deportivo Valencia Summit y un estudio sobre la celebración de unos Juegos Europeos.

Unos encargos por los que se pagaron cerca de 3,5 millones de euros a través de la empresa de la Generalitat Ciudad de las Artes y las Ciencias y de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, dependiente del Ayuntamiento de Valencia.

Además de los dos vicepresidentes de Camps, el juez Castro ha llamado también como testigo a la exconsejera de Cultura, Trinidad Miró, amiga personal de Camps.

El juez Castro también tomará declaración como imputados a la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat con Camps —y actual secretaria de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana— Isabel Villalonga, al exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón y a Elisa Maldonado y María Ángeles Mallent, dos ex altos cargos de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) que contrató con el Instituto Nóos. Mallent, exresponsable de los servicios jurídicos de CACSA, ya acudió a declarar anteriormente como testigo y salió del interrogatorio como imputada en el caso Urdangarín.

Las supuestas irregularidades cometidas en la contratación del Instituto Nóos corresponden a la primera legislatura de Francisco Camps como presidente de la Generalitat. “Entonces el dinero entraba a chorros y a veces no sabían ni qué hacer con él en la Generalitat”, confiesa un cargo del PP, que admite la alegría con la que se adoptaron determinadas decisiones.

En esos años, el sector de la construcción tiraba como una locomotora de la economía valenciana y proporcionó unos ingresos extraordinarios que le sirvieron a Camps para potenciar la política de grandes eventos. Solo en el año 2006, el Consell recaudó 2.485 millones de euros por la compraventa de viviendas. Nada que ver con los 754 millones recaudados el año pasado.

Un escenario que convirtió a los grandes constructores autóctonos en los empresarios de referencia de la Generalitat gobernada por Camps.

Y son precisamente tres de los principales contratistas de la Generalitat los que tendrán que declarar el próximo viernes como imputados en la causa del caso Gürtel que investiga la financiación irregular del PP regional, la existencia de un posible delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y generales de 2008, y la adjudicación irregular a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El juez José Ceres ha llamado a declarar a Vicente Cotino, responsable del Grupo Sedesa y sobrino del presidente de las Cortes. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales afirma que Sedesa aportó 130.000 euros en fondos B a Orange Market —la firma de la trama corrupta que dirigía Álvaro Pérez El Bigotes— en el año 2008, supuestamente para pagar parte de los gastos electorales del PP valenciano. Solo entre 2007 y 2009, el grupo Sedesa recibió 539 millones de euros en adjudicaciones del Consell.

Además de Vicente Cotino también están llamados a declarar como imputados otros dos constructores más —son cinco los denunciados— que supuestamente financiaron al PP: Enrique Ortiz —también imputado en el caso Brugal— y Enrique Gimeno. Según la investigación policial, Enrique Ortiz habría pagado 300.000 euros en 2008 para pagar gastos electorales del PP. Y Fomento Agrícola Castellonense (FACSA), presidida por Enrique Gimeno, habría abonado 200.000 euros por el mismo motivo.

El juez Ceres, que instruye esta rama del caso Gürtel, también ha llamado hoy a declarar a la exsecretaria regional del PP y actual alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa. Una cita a la que acudirá en calidad de testigo.

Quienes también empezarán a desfilar a partir de hoy, en este caso por los juzgados de la Audiencia Nacional, son los miembros de la destituida cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez tiene previsto interrogar hoy a Vicente Soriano, ex director general de recursos de la CAM, y a Teófilo Sogorb, ex director de planificación y control. Mañana lo hará el ex presidente del consejo de administración de la CAM, Modesto Crespo, y el jueves será el turno del ex director general Roberto López Abad. A todos ellos, el juez les imputa por estafa, delito societario y alteración del precio de las cosas.

Camps fue el hombre que aupó a Crespo al frente de la que fuera cuarta caja de ahorros española.