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El Sergas actualizará los datos de afectados por errores del copago

Pese al caos generado en esa primera semana, Fernández-Campa considera que el proceso en Galicia fue “muy positivo”

Un farmacéutico dispensa medicinas en Santiago
Un farmacéutico dispensa medicinas en SantiagoANXO IGLESIAS

El Servizo Galego de Saúde (Sergas), dependiente de la Xunta, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del Estado, han llegado a un acuerdo para solucionar el caos generado la semana pasada —que afectó principalmente a parados y jubilados— en la compra de medicinas por la ausencia de una base de datos unificada entre ambos organismos.

Los pacientes que han cambiado su situación económica y laboral desde la declaración de la Renta de 2010 —en las farmacias se tiene en cuenta este documento para aplicar el porcentaje de descuento— y que la semana pasada denunciaron que se les pretendía cobrar un porcentaje del precio de las medicinas superior al que les corresponde, podrán arreglar ahora la situación. Deberán acudir a partir de esta semana a los centros de salud del Sergas en donde se actualizará su situación para remitirla posteriormente al INSS.

De esta forma, ambos organismos sanitarios esperan poner fin al caos provocado por la premura en la aplicación del Real Decreto 16/2012 que pretende “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” y que tras su publicación se topó con la descoordinación entre las distintas Administraciones implicadas. Entonces, el Sergas se desentendió de las quejas. “Corresponde al INSS”, despacharon entonces desde el servicio de salud. Los pacientes que cambiaron de condición laboral en los últimos años, pasando de la situación activa al desempleo, y acudieron a lo largo de la semana pasada a las farmacias, recién aplicado el Real Decreto, se encontraron con que debían pagar el 50% del importe de sus medicinas. Les cobraban en función de la declaración de la Renta de 2010, aunque su situación laboral hubiera variado desde entonces. Tras un pergerinaje por distintas Administraciones, recalaban en el INSS, que acabó entregando a los usuarios que acudían a protestar unos folletos en los que se les recomendaba que acudieran al Sergas. “En el ámbito de Galicia, las quejas, reclamaciones o peticiones de reintegro de las aportaciones que se consideren indebidas deben de realizarse ante las dependencias del Sergas”, rezaba el papel.

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Para “mejorar la accesibilidad de los usuarios” al sistema sanitario público y evitar estas situaciones, ambos organismos llegaron ayer a un acuerdo: los centros de salud tomarán nota en un formulario de la nueva situación de los pacientes y trasladarán la documentación al INSS que se encargará de establecer las condiciones del asegurado para que se le resuelva la situación.

Pese al caos generado en esa primera semana, el secretario general técnico de la Consellería de Sanidade, Antonio Fernández-Campa considera que el proceso dentro de la comunidad gallega fue “muy positivo” aunque precisa que la consellería “tiene que estar dispuesta a atender las posibles incidencias que surjan”, con especial atención a “los distintos importes de los porcentajes o a errores puntuales en los datos del usuario como puede ser una cifra alterada en un número del DNI”. Fernández-Campa asegura que el sistema informático ha permitido establecer unos límites máximos de aportación de los pensionistas evitando que tenga que adelantar más importe del que le corresponda.

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En lo que respecta a la venta de las medicinas en las farmacias, el responsable técnico de la Consellería de Sanidade explica que, como consecuencia de la modificación de los precios de referencia por el Ministerio de Sanidad, “pudo existir algún problema, en algún caso concreto, por parte del fabricante para asegurar el abastecimiento”, aunque, subraya, afectó “solo a cinco principios activos en ocho presentaciones”.

El acuerdo de ayer pretende poner a fin al caos generado por la ausencia de una base de datos unificada y actualizada. A partir de ahora será el Servizo Galego de Saúde el que se haga cargo de actualizar la situación de los usuarios, como reclamaban los funcionarios del INSS, antes de remitir los formularios al instituto dependiente del Ministerio de Sanidad.

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