Deudas que conducen a la ruina

El miércoles, José Miguel García Gallardo perdió los nervios. Corría arriba y abajo por el pasillo del edificio principal del Parque Científico y Tecnológico de Córdoba, Rabanales XXI. Vociferaba y gastaba las fuerzas que le faltaban tras una semana sin comer. Clamaba ayuda y justicia para su hijo que, en una sala vecina, gritaba por los dolores de una lipotimia. Los dos, junto a otros seis empresarios del sector de la construcción, seguían una huelga de hambre y un encierro en la flamante sede. Denuncian la ruina a la que les aboca los impagos de alrededor de 1,3 millones de euros por la construcción de un complejo pabellón, futuro vivero de empresas, del parque científico y tecnológico.

Rabanales XXI es una iniciativa participada por Cajasol en un 35,49%; la Universidad de Córdoba en un 24,74%; la Junta de Andalucía —a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía— representa un 20%; Cajasur (10%); Prasa (4,51%); y la Corporación Industrial Córdoba Este, de la Diputación, 0,88%. La dirección de la entidad no quiso hacer declaraciones sobre la protesta de los empresarios.

De los ocho empresarios encerrados, solo dos permanecían todavía el viernes en huelga de hambre, entre ellos, José Miguel García Gallardo. Su hijo fue trasladado al hospital y dado de alta el jueves. Pero el empresario granadino, dueño de la empresa de instalaciones eléctrica Vinaelectric, sigue adelante con su protesta y no renuncia a reclamar 460.000 euros.

El plazo medio de pago a proveedores por parte del sector privado en 2010 en Andalucía era de 119 días, frente a los 85 que establecía la ley para ese año.

Para él, esta es una pesadilla conocida. En diciembre del año pasado, los impagos le hicieron perder su empresa, que llegó a contar con 120 empleados, junto con su casa y numeroso patrimonio personal.

Consiguió sobreponerse y seguir adelante con Vinaelectric. Pero a diferencia de entonces, García Gallardo está seguro de que no saldrá a flote una segunda vez. Y lo que más le aterra es que, de caer, ya no lo hará solo. En su desesperación, embarcó a parte de su familia en su última aventura empresarial. Vinaelectric la puso en pie a nombre de su yerno y con la casa de su hija como aval. La posibilidad de un desahucio hipotecario ya planea sobre ellos.

La tragedia de este emprendedor de Huétor Vega y sus siete camaradas de encierro es que son subcontratas. La empresa matriz que se adjudicó la obra, una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Jicar y GEA 21 no ha cobrado de las administraciones y las cajas de ahorro implicadas. Las empresas afirman que la UTE les ha estado adelantando dinero para mantener al día los pagos, pero que ya no puede más. Y desde hace varios meses, no ven un euro con el que poder pagar los materiales ya utilizados o las nóminas vencidas.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) nació para denunciar casos como el de José Miguel García Gallardo. En junio presentó el estudio La morosidad de las empresas en España. De este informe, se desprende que el plazo medio de pago a proveedores por parte del sector privado se dilataba en 2010 en Andalucía hasta los 119 días, frente a los 85 que establecía la ley para ese año.

El presidente de la PMcM, Rafael Barón, alerta de que en el año en curso el límite está fijado en nuestro país en 75 días y que en 2013 la Directiva Europea nos exigirá pagar en un máximo de 60 días. “Se hace más que necesario exigir ya el cumplimiento efectivo de la ley española e implementar las medidas previstas en la misma, entre otras, la creación del Observatorio de la Morosidad”, destaca.

Mientras tanto, el empresario García Gallardo sigue encerrado en Rabanales XXI quejándose de que nadie atiende sus demandas y sufriendo las consecuencias de más de una semana sin comer.