El agua en el Vinalopó

Hablar del agua en el Vinalopó supone asumir riesgos. El debate sobre esta cuestión se ha movido en los últimos años más en la esfera pasional que en el ámbito de la discusión serena y razonada, y ha sido utilizado en demasiadas ocasiones como arma arrojadiza para defender posturas políticas, más interesadas en beneficios partidistas, que en dar soluciones a los problemas de los ciudadanos de esta comarca.

Hace algo más diez años, tuve la oportunidad de visitar algunas de las principales comunidades de regantes de las comarcas del valle del Vinalopó y de l'Alacantí. Como pude constatar de la voz de los propios protagonistas, el agua era un grave problema en la mayoría de ellas. Los regantes del Bajo Vinalopó se veían obligados a extraer agua salobre a 500 metros de profundidad, de un acuífero sobreexplotado, a un precio de 67 pesetas (cuarenta céntimos de euro) el metro cúbico allá en el año 1996.

Pero la situación no era bien distinta en otras comunidades que, ante la escasez de recursos disponibles utilizaban las aguas residuales depuradas en unas condiciones que ahora consideraríamos inaceptables, o tenían que adquirir agua destinada al abastecimiento a precios muy superiores a lo asumible para garantizar la rentabilidad de sus explotaciones. Pero, aún siendo el agua un grave problema, éste no era su mayor preocupación en aquel entonces. Los italianos suponían una amenaza mayor para los productores de uva de mesa debido a la penetración de sus productos en el mercado nacional, y los cultivos tradicionales de secano tenían que hacer frente a las dificultades de mecanización que presentaban sus parcelas frente a las de sus competidores.

Desde entonces hasta ahora, el discurso del agua se ha enrevesado, ha habido manifestaciones, tractoradas y en algunas ocasiones responsables públicos han tenido que abandonar reuniones escoltados. Por medio fueron aprobadas dos importantes leyes que en ningún caso contaron con el respaldo del partido mayoritario en la oposición. En el año 2001, con el gobierno de Aznar, se aprobó el Plan Hidrológico Nacional que incluía como medidas para paliar la escasez de recursos en estas comarcas el trasvase del Ebro y la conducción Júcar-Vinalopó. En 2004, bajo el gobierno de Zapatero, se derogó el trasvase del Ebro, y se aprobó simultáneamente el Plan Agua, que tenía como objetivo el suministro de nuevos recursos procedentes de la desalación y reutilización de las aguas depuradas. Posteriormente, en 2005 se autorizó el cambio de toma de agua en la conducción Júcar-Vinalopó, desde Cortes de Pallás, como estaba inicialmente previsto, al Azud de la Marquesa en Cullera.

Dejando aparte las polémicas suscitadas, la situación actual es bien distinta a la de hace una década. Los recursos naturales apenas han experimentado cambios significativos pero, por contra, se han efectuado cuantiosas inversiones respaldadas con fondos comunitarios que han supuesto un incremento espectacular de la cantidad y calidad de los recursos actualmente disponibles.

Si nos fijamos en el abastecimiento, con la finalización del Plan de Desalación previsto, se habrán invertido más de 500 millones de euros en la provincia de Alicante y se dispondrá de un volumen de agua superior a los 100 hm³ para el suministro urbano. Este volumen, equivalente al consumo de cuatro ciudades del tamaño de Alicante, cubrirá con creces las necesidades de los municipios del litoral y eliminará del horizonte la lacra de los cortes de suministro que aún padecen algunas poblaciones.

Pero no serán estos los únicos beneficiarios de la puesta en marcha del Plan de Desalación, ya que en paralelo a la entrada en servicio de las desaladoras, el Alto Vinalopó recuperará, de repente, unos recursos que desde hace 100 años salían de sus pozos a través del Canal del Cid para abastecer Alicante y su entorno. Esta nueva bolsa de agua, equivalente al suministro de cuatro ciudades del tamaño de Villena, permitirá garantizar las necesidades urbanas futuras de la comarca en el medio y largo plazo.

Las inversiones en regadío tampoco se han quedado atrás en estos años, y la finalización de las obras de la conducción Júcar-Vinalopó, con una inversión superior a los 300 millones de euros, de los que 120 millones corresponden a financiación europea, permitirá transferir hasta 80 hm³ desde el río Júcar hasta la balsa de San Diego en Villena. En algunas ocasiones se ha puesto en duda la calidad de este agua para el uso agrícola, pero no olvidemos que es la misma que utilizan en la Ribera del Júcar para el riego de sus fértiles huertas, y que está calificada como admisible por la Confederación Hidrográfica del Júcar en base a los análisis que sistemáticamente realiza. Calidad que, por otra parte, se ve confirmada con la presencia de una especie protegida tan exigente como el blenio de río en el mismo Azud de la Marquesa desde donde parte el trasvase.

Pero dejando de lado esta cuestión, no ha sido ésta la única infraestructura ejecutada para el riego agrícola, y en paralelo se han puesto en marcha complejos sistemas de tratamiento terciario en las principales plantas depuradoras de estas comarcas (Rincón de León, Monte Orgegia, Elche, etc.) para cumplir con los exigentes requisitos legales que marca el Real Decreto de 2007 para la reutilización de las aguas depuradas.

Este es el nuevo escenario, donde las cuantiosas inversiones realizadas, y en gran parte subvencionadas con fondos europeos, han permitido poner a disposición de las poblaciones y agricultores nuevas aportaciones con las que paliar el secular déficit que arrastraba el valle del Vinalopó y la comarca de l'Alacantí. El reto está en vencer rencillas y malos entendidos para sentarse a planificar y gestionar entre todos la situación actual.

Enrique Lapuente es ingeniero de Caminos.