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“El plan del Cabanyal es en este momento ilegal”, dice la abogada de Salvem

La abogada de Salvem el Cabanyal asegura que el plan de la prolongación es ilegal La alcaldesa de Valencia recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Supremo

Cristina Vázquez

El conflicto en El Cabanyal sigue abierto en canal pese al aval que la Audiencia Nacional da a la orden ministerial que protege el barrio de los derribos por parte del Ayuntamiento de Valencia. El dirigente de Salvem el Cabanyal Faustino Villora ha pedido a la alcaldesa de Valencia que se siente a dialogar con los vecinos y diseñe un nuevo plan urbanístico que no expolie el barrio. "El PEPRI es en este momento ilegal", ha apostillado la abogada de la plataforma, Adelina Serna. Los  tres grupos municipales de la oposición, PSPV, Compromís y EU, han felicitado a Salvem por esta victoria legal.

Pero la alcaldesa de Valencia, Rita de Barberá, del PP, no está dispuesta a dialogar ni a revisar ningún plan urbanístico. Barberá ha anunciado que la sentencia de la Audiencia Nacional no es firme y que la recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo. Ha reconocido que la Audiencia Nacional ha resuelto que la orden del Ministerio de Cultura, que firmó a finales de 2009 la entonces titular Ángeles González-Sinde, “es ajustada a derecho, lo que no significa que sea derogable o sustituible”. A la vista de las denuncias de los vecinos, la Junta de Gobierno Local de Valencia ha acordado hoy, según ha dicho Barberá, reforzar la limpieza, seguridad y salubridad en el barrio.

La plataforma Salvem el Cabanyal, la Asociación de Vecinos y los tres grupos municipales de la oposición han sido los primeros en comparecer para valorar la sentencia de la Audiencia Nacional,que ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat contra la orden por expolio del anterior Gobierno socialista. La abogada de Salvem Adelina Serna, ha insistido en que la sentencia corrobora la forma y el fondo de la orden y, sobre todo, resuelve que el ministerio es competente para dictar una orden así, extremo que Generalitat y Ayuntamiento han cuestionado. “El PEPRI (plan especial de protección y reforma interior) del Cabanyal, que prevé la demolición de unas 1.600 casas del barrio para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, es en este momento ilegal porque existe expolio y deberá de modificarse”, ha dicho Serna. Salvem ha enviado una carta a la alcaldesa pidiéndole que reconcilie posturas y que los reciba. “Queremos decirle que no condene al Cabanyal a seguir padeciendo la degradación de estos años”, ha comentado Villora. Vicent Gallart, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, felicitó a Salvem porque han ganado esta batalla y ha animado a todos los vecinos de la zona “a luchar contra la degradación y abandono en los solares y edificios de propiedad municipal”.

Desde los grupos municipales, el socialista Vicent Sarrià ha reclamado a Barberá que deje de lado “su obcecación” por la prolongación. “La orden solo le decía lo que no podía hacer en el barrio, no lo que podía hacer”, ha dicho, animándola a que deje de actuar desde el “numantinismo”, acate la sentencia en lugar de recurrirla y actúe en positivo: “Que rehabilite el barrio en lugar de comprar con dinero público edificios para luego demolerlos”.

Consol Castilló, del Grupo Compromís, se ha referido al fallo de la Audiencia como una nueva esperanza para los vecinos y ha emplazado a la regidora a que no recurra más a los tribunales y “condene al barrio a más años de abandono”.

Para Amadeu Sanchis, portavoz de EU en el Consistorio, la sentencia “certifica que la única responsable de la situación de parálisis y degradación del barrio es Barberá”. Sanchis ha lamentado que la alcaldesa no haya aceptado la mediación en el conflicto de la Universitat de València y, al igual que el resto, ha recordado que el proyecto urbanístico de la prolongación es inviable económica y socialmente.

Barberá, en la conferencia de prensa que ha dado posteriormente, ha insistido que la situación en El Cabanyal queda como está y que la culpa de ello es de quien elaboró y defiende la orden ministerial. Lejos de variar su posición, la alcaldesa ha insistido en que la concesión de licencias en el barrio seguirá paralizada y ha recordado que seguirá adelante con la prolongación, dado que es un objetivo de su programa electoral y dado que los vecinos de Valencia la han votado mayoritariamente como alcaldesa.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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