La Audiencia avala la protección de El Cabanyal de los derribos de Barberá

El ovillo judicial se desenreda a favor de la orden del Ministerio de Cultura que protege desde finales de 2009 El Cabanyal de las demoliciones ordenadas por el Ayuntamiento de Valencia. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado a mediados de 2010 por el Gobierno de Rita Barberá, avanzó la plataforma de Salvem El Cabanyal.

La orden fue rubricada por la ministra Ángeles González-Sinde durante el último Gobierno socialista. Entendió que el plan del PP que destrozaba este barrio marinero para abrir una gran avenida hasta el mar era un expolio a su patrimonio histórico y lo paralizó. La Generalitat, con Francisco Camps al frente, y el Ayuntamiento han combatido la orden en todos los frentes y, de momento, los han perdido todos.

“La orden ministerial es correcta, en su forma y su contenido”, valoró la abogada de Salvem El Cabanyal. Según la letrada, el Ministerio de Cultura es competente en materia de protección y conservación del patrimonio histórico, y no solo del área declarada Bien de Interés Cultural (BIC). El tribunal entiende que la orden de Sinde “no invade la autonomía local”, pues no le dice al Consistorio lo que tiene que hacer, sino que elabore una alternativa que no ponga en peligro el patrimonio.

El tribunal entiende que la orden de Sinde es correcta en forma y contenido

La Audiencia Nacional añade que el Ministerio de Cultura no actuó de forma arbitraria ni hubo desviación de poder, como argumentó el Consistorio. Es más, el tribunal aclara que este tipo de acusaciones no se pueden hacer sin argumentos razonables. El fallo, según Salvem, entiende que el Ayuntamiento no estuvo indefenso en el procedimiento que dio lugar a la declaración de expolio, pues se le dio trámite de audiencia y presentó su informe a favor del plan de reforma interior.

El tribunal entiende que la declaración de expolio está argumentada adecuadamente y cita repetidas veces el dictamen del Consejo de Estado que avala el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Generalitat que trató de anular la orden ministerial.

Perdida esta batalla judicial, queda vivo el conflicto de competencias a cuenta del Cabanyal en el Tribunal Constitucional.

“Es una gran oportunidad para revitalizar el Cabanyal”, dijo ayer el portavoz socialista, Joan Calabuig, y “un nuevo varapalo judicial” para la alcaldesa Rita Barberá.

El gobierno local interpretó restrictivamente la orden ministerial y poco después de su entrada en vigor suspendió la mayoría de licencias de actividad y obras solicitadas por los vecinos y comerciantes del barrio de El Cabanyal. De nada sirvió que el abogado del Estado separara una cosa de otra.