El PP dice que el Valedor "refuerza a Galicia como nacionalidad histórica"
El Parlamento aprueba reformar la institución para ahorrar en su presupuesto
El primero de los dos Plenos extraordinarios que el Parlamento gallego convocó en el mes de julio agotó media mañana, poco más, y sirvió para iniciar el trámite de modificación de la ley del Valedor do Pobo y del reglamento para permitir el voto de diputadas embarazadas. También para que la conselleira de Mar, Rosa Quintana, explicase la posición de la Xunta ante la refoma de la política pesquera en la Unión Europea. El debate empezó —como empieza a ser costumbre últimamente— con una cuestión de orden: el PSOE protestó que fuera un Pleno monocolor con iniciativas del PP. Pidió que se debatiese por enésima vez la creación de la comisión de investigación sobre lo sucedido en Caixa Galicia y Caixanova que el PP ha comprometido para cuando se logre la recapitalización del banco resultante. Los populares votaron en contra y la mañana siguió el guión marcado por su mayoría parlamentaria.
Primero su portavoz, Pedro Puy, desgranó su propuesta para cambiar la norma del Valedor — que ya se ha reformado tres veces desde que se promulgó en 1984— según explicó para sustituir los tres vicevaledores y el secretario general que existen en la actualidad por la figura de un adjunto al Valedor. La idea partió del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que lo anunció como una muestra más de su austeridad en el último debate sobre el estado de la Autonomía. De paso el cambio normativo debe servir, dijo Puy, para dar carta de naturaleza a la tramitación telemática de las quejas ante el Valedor, algo que ya se hace pero sin soporte legal.
La oposición reprochó que la reforma parta del PP y no del propio Parlamento porque se trata de introducir modificaciones en una institución amparada por el Estatuto de Autonomía. Y recordaron, tanto PSdeG como Bloque, que para reducir de tres a uno los vicevaledores no es necesario tocar la ley porque el texto ya establece que puede haber hasta un máximo de tres, con lo que la reducción es perfectamente compatible con su actual redacción.
Primero el nacionalista Alfredo Suárez Canal y más tarde la diputada del PSdeG Dolores Rodríguez Amoroso aseguraron que el propósito de reducir el coste de la institución no se sostiene. Suárez Canal aseguró que el PP trata de mantener al frente de la institución a un vicevaledor. José Julio Fernández, que fue designado por este partido. De paso subrayó que se está incumpliendo la ley porque el puesto lleva vacante más de los 30 días que se establecen en la norma para iniciar su sustitución.
También Rodríguez Amoroso se apuntó al argumento de la “falsa austeridad” y desvinculó el cambio legal que ahora se inicia con la interinidad que vive la institución puesto que el proceso para buscar una persona de consenso puede iniciarse inmediatamente.
Puy, mientras tanto, reprochó a socialistas y nacionalistas las críticas vertidas contra Benigno López, quien ocupó el puesto hasta el mes de mayo y que acabó dimitiendo tras justificar los recortes sociales de la Xunta. Y destacó que la idea de su partido en Galicia es hacer más eficiente la institución y por tanto “reforzar su autoritas y el carácter de Galicia como nacionalidad histórica”. Puy aludía indirectamente al sector más a la derecha de su partido y que encarnan dirigentes como la secretaría general, María Dolores de Cospedal y la prensa más conservadora, que abogan por la desaparición de estas instituciones, cosa que ya se ha hecho en Castilla La Mancha.
La iniciativa para poner en marcha una reforma legal que los tres grupos abordarán a partir de ahora en una ponencia salió adelante con los votos a favor del PP y la abstención de socialistas y nacionalistas.
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