CiU y PP sellan un pacto para poder controlar los medios públicos

Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) sostienen que no son socios aunque se den apoyo en sus respectivas políticas económicas en la Generalitat y el Gobierno central. Pero su relación está llena de guiños y hay pactos que les funcionan como una seda, como el de los medios de comunicación públicos. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, impulsó de la mano del PP la reforma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que controla TV-3 y Catalunya Ràdio, para que quedaran fuera de ella los partidos pequeños. Y CiU apoyó el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que, en medio de las críticas de la oposición, permite por primera vez que el presidente de Radio Televisión Española (RTVE) sea elegido por mayoría absoluta y no por dos tercios de los diputados del Congreso.

Convergència fue también el único partido que votó a favor del nombramiento de Julio Somoano, exjefe de informativos de Telemadrid, como jefe de informativos de TVE. Los propios empleados de la cadena la acusan de manipular. CiU apoyó a Somoano, afín al PP, pese a que, entre sus opiniones, destaca el calificar de “indecencia intelectual” poder hablar catalán en el Senado, idioma que rehúsa en los topónimos: “Lérida en español es Lérida, digan las Administraciones lo que quieran”. También definió el Estatuto como una “barbaridad del derecho”.

Salvador Alsius: “Un CAC formado por ex parlamentarios está desperdiciado”

El PP también es crítico con el nacionalismo catalán que, a su juicio, rezuma TV-3. “Pedimos al Gobierno que no convierta TV-3 en una tele independentista”, afirmó la líder popular Alicia Sánchez-Camacho en el último congreso del PP. Pero ello no impedirá su pacto con CiU para renovar esta semana en el Parlament el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) tras agotar su mandato tres de sus miembros (el exdiputado de CiU Josep Micaló, la exdiputada ecosocialista y antropóloga Dolors Comas, y Santiago Ramentol, periodista, por ERC).

El órgano, como la CCMA, también ha adelgazado y pasa de 10 a seis miembros con esta correlación de fuerzas: tres para CiU, dos para el PSC y uno para PP. El Parlament escuchó ayer a tres de los aspirantes para ocupar dos vacantes: Roger Loppacher, exvicepresidente de la CCMA y futuro presidente del CAC, propuesto por CiU; el exlíder del PP catalán Daniel Sirera, y Salvador Alsius, sugerido por ERC e ICV-EUiA. Fue un puro formalismo. Los dos primeros, abogados, serán elegidos, y Alsius, periodista, no. Alsius convirtió su presentación en un alegato contra la politización de los medios públicos. “Un CAC formado por exparlamentarios es un CAC desperdiciado”, espetó Alsius, que aseguró: “Yo no soy el candidato de ERC e ICV; represento a todos los que creen en la independencia de los medios de comunicación”. Y agregó que su candidatura se enfrentaba al “descrédito de la clase política, ahora que parece que quiere controlarlo todo”.

Tras la política de recortes, el sueldo del presidente del CAC es de 101.704 euros al año, y el de los consejeros, de 96.000. Los miembros salientes ya no cobrarán indemnizaciones por dejar el órgano: hasta ahora, durante seis meses, percibían el 100% del salario como indemnización para compensar que no pudieran trabajar en el sector audiovisual, y durante año y medio, el 80% del sueldo.