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Un golpe a la casa del saber

Los recortes en la Universidad afectan a su expansión y acabarán con los cientos de puestos de trabajo de los profesores asociados, algunos dispuestos a dar clases gratis

Jorge López Puga, profesor asociado de la Universidad de Almería. Ampliar foto
Jorge López Puga, profesor asociado de la Universidad de Almería.

Las 10 Universidades públicas andaluzas deben rehacer sus cuentas y ajustarse al máximo el cinturón para ahorrar 130 millones de euros a partir del próximo curso académico. La calidad en la educación, según se plantea, debe ser la misma pero a menor coste. Una labor difícil cuyo peso, sin duda, alguien acabará por soportar. Las medidas de recorte afectarán directamente a la inversión y a la reducción de sueldos, al igual que sucede en el resto de sectores públicos donde los bolsillos del funcionariado se han deprimido.

La nómina de los profesores universitarios no solo se empobrecerá. En el caso de los docentes asociados —los más débiles del sistema— llegará a desaparecer. Un alto porcentaje de las 2.000 personas con este tipo de contrato laboral se irá a la calle. Para la mayoría —abogados con bufete propio, médicos con consulta o investigadores en empresas privadas— no supone una merma a su poder adquisitivo 200 o 300 euros mensuales menos. Para otros, jóvenes que comenzaron colaborando en departamentos antes de finalizar sus estudios, entregados en cuerpo y alma a la Universidad en la que esperan hacerse un hueco, es un golpe devastador. No trabajan fuera del campus, como los profesores asociados al uso, y pasan prácticamente todo el día en la Universidad sin tiempo para trabajar fuera de ella. Su vinculación es tan estrecha y el tiempo invertido en formación y docencia universitaria es tan inmenso que están dispuestos a todo antes que a poner definitivamente un pie fuera de la institución académica.

Las 10 universidades públicas deben ahorrar 130 millones desde el curso 2012-13

En Almería, este sentimiento se ha traducido en la idea de impartir clases sin cobrar. Lo propuso un joven profesor asociado a la Facultad de Psicología y ahora el rectorado se ha comprometido a estudiar jurídicamente la manera de llevarlo a cabo. De ser viable, podría extenderse al resto de universidades andaluzas, como dejó entrever el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila. Sería perfecto para la Universidad: mantiene el nivel sin coste alguno.

“Me dolería en el alma que no me renovaran el año que viene. Cuando lo anunció el rector en la reunión con los profesores asociados, le dije: ‘lo único que quiero saber es si puedo venir a trabajar gratis”. Y ahí comenzó todo. Jorge López Puga cobra 646 euros mensuales, el máximo de un profesor asociado en la Universidad de Almería (UAL). Comenzó en 2007 cobrando menos de 300. “En cierto modo trabajo por encima de lo que recibo económicamente”, reflexiona este profesor con tres hijos a su cargo, la menor de tres meses. “Lo propuse ateniéndome a las consecuencias”, dice y le ha costado más de una discusión con sus compañeros, sobre todo con los miembros del comité de empresa, órgano del que forma parte. “Sé que es una barbaridad. Cuando uno trabaja no lo hace solo para sí mismo, también para la sociedad donde revierte parte del sueldo”, comprende el docente, a quien le mueve un sentimiento “idealista y romántico”. “La Universidad es mi proyecto de vida. A ella he dedicado muchos años. Es más que mi casa”, reconoce.

El rectorado estudiará en Almería si es legal dar clases sin cobrar

Como él, otros jóvenes profesores asociados corren la misma suerte y le han manifestado, en privado, su intención de continuar sus pasos. También al rector, Pedro Molina. Asegura haber recibido “llamadas” de profesores en las que le brindan su apoyo en ese sentido, pero se trata de profesionales que ejercen fuera del campus y cuyo fin es el reconocimiento profesional que le brinda la institución universitaria.

La otra parte importante de las medidas que adoptará la UAL, reflejadas en su Plan de Eficiencia que aprobará el martes, afectarán a los departamentos. Se reducirán facultades, cinco años después de la primera gran multiplicación. Incluso se ha llegado a plantear que la UAL podría ser rescatada por parte de la Universidad de Granada, a la que pertenecía en origen.

“Cuando aprieta la pobreza...”

El Consejo Social de la Universidad de Almería (UAL) ha manifestado esta semana su apoyo a las medidas de recorte en inversión y salarios que acometerá el próximo curso el equipo de gobierno del campus. A juicio de este organismo, son “inevitables”. “He enviado una felicitación al rector por haberlas tomado. Esta reforma había que hacerla, no hay ninguna duda, y pronto es mucho más eficaz y barato que hacerlo tarde”, argumenta Joaquín Moya-Angeler, presidente de este organismo y máximo representante de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas.

Las decisiones que se están tomando “no van a perjudicar en ningún caso a los estudiantes, que van a poder seguir cursando las mismas titulaciones que hasta ahora y que seguirán teniendo los mismos profesores”, añade, y describe la reforma como “administrativa”, ya que considera que se hace “sin perjudicar en absoluto la docencia ni las posibilidades ni las oportunidades de los alumnos”. También se inclina a valorar la reducción de facultades. “El estudiante va a tener el mismo título que antes, aunque la facultad o el decanato se llamen de otra forma distinta. A todos nos gusta mantener la riqueza, pero cuando aprieta la pobreza, lo lógico es ajustar todas las estructuras administrativas”, añade Moya-Angeler.

El estudiante, sin embargo, es el primer afectado. El incremento de las tasas universitarias ha sido motivo de encierros y protestas y aún se está a la espera de los porcentajes definitivos que adopte cada Universidad dentro de su autonomía. Esto se une a que puede que cuenten con menos profesores asociados —en los que se valora su experiencia profesional y vocación investigadora— para enriquecer sus estudios a partir del próximo año. Los que queden tendrán menos sueldo y motivación. Los asociados pueden que lo hagan hasta gratis. De esto último dependerá la conclusión que se extraiga del informe jurídico que prepara la UAL, de donde partió la iniciativa.