“Los Mossos deben usar las pelotas de goma con el cuidado de un arma de fuego”

Desde que en diciembre de 2011 dejó de presidir el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, Mauro Palma (Roma, 1948) no ha parado. Esta semana ha pasado por España para explicar su experiencia en diferentes conferencias, invitado por la Coordinadora de Prevención y Denuncias de la Tortura, que agrupa a 47 ONG en defensa de los derechos humanos. Palma repasa su visita a España y Cataluña en 2011, cuando realizó el informe sobre prevención de la tortura, que cada cuatro años, realiza el comité.

España y Cataluña presentan diferentes problemas en cuanto a transparencia y torturas, señala Palma. Pese a que la diferencia con los problemas de los países del resto de Europa es evidente, también el abismo es importante entre el modelo que representan los países nórdicos y la situación española y catalana.

Cataluña presenta también su propia realidad, en la que Palma señala tres conflictos: la actuación de los Mossos d’Esquadra, la situación de las cárceles y los centros de internamiento para extranjeros estatales, uno de ellos ubicado en Barcelona, en la Zona Franca.

La policía autonómica despierta recelos en Palma, que advierte sobre el uso de ciertas armas: “Los Mossos deben usar las pelotas de goma con el mismo cuidado que usarían un arma de fuego”.

Palma observa con preocupación las nuevas armas, calificadas como no letales, que usan las policías europeas. Y subraya la necesidad de que los agentes tengan mayor formación sobre su uso, que sean conscientes de lo que tienen entre manos. Los recortes, avisa, son un riesgo: “El entrenamiento es importantísimo, y no solo para los agentes noveles. En tiempos de crisis, es fácil recortar en formación”. Las armas, concluye Palma, deben ser usadas siempre “como último recurso”.

"Con los recortes presupuestarios veo el futuro problemático"

El expresidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya comprobó de primera mano los problemas en torno a los Mossos d’Esquadra cuando realizó el penúltimo informe sobre España, en 2007. Entonces, saltó la polémica con una grabación en la que se mostraba a agentes de los Mossos agrediendo a un detenido. Los agentes fueron condenados a seis años y medio y, posteriormente, indultados. Palma lamenta que la justicia es demasiado lenta, y que la Administración tampoco hace nada cuando hay indicios. “El sistema es aparentemente bueno: el Gobierno no actúa si el caso está en los juzgados. Es perfecto si se soluciona en pocos meses, pero si se tarda años, la sensación para los agentes es de impunidad”, denuncia. Ese sentimiento aumenta en las actuaciones policiales cuando hay protestas, como las que sucedieron en la UB en 2009 y el desalojo de la plaza de Catalunya en 2011. “Los agentes van sin identificar. Y si hay algún incidente nadie sabe quién ha sido. Es un problema que se debe solucionar”.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura tiene libertad para entrar en cualquier espacio oficial y examinar su documentación. A cambio, se compromete a guardar confidencialidad sobre sus informes, que solo publica cuando el Gobierno del Estado da su permiso. El Ejecutivo español todavía no ha dado el visto bueno para el de 2011, pero el comité ya ha tenido que volver para hacer una inspección de urgencia a la cárcel Modelo de Barcelona, que visitaron hace dos semanas.

En Cataluña el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos no puede entrar en las cárceles

Palma señala dos tipos de problemas en las cárceles españolas y catalanas. Para empezar, los estructurales, como la falta de personal y recursos. Pero indica otras deficiencias más problemáticas: la situación de las celdas de aislamiento y el método de sujeción mecánica, que sirve para atar a los presos en algunas situaciones. Este método es “muy difícil de entender” cuando no se trata de una excepción médica.

Las celdas de aislamiento requieren de una “total transparencia”, indica Palma. Y, agrega, deben servir para recluir a presos realmente peligrosos. “Deben ser abiertas, con unas reglas muy definidas y monitoraje, y posibilidad de revisión judicial de cada caso. Nuestra percepción, cuando un preso denuncia torturas, es que se lavan las manos”, se queja Palma. La norma europea fija, desde 2008, que cuando un preso en aislamiento denuncia torturas es el Estado el que debe probar que no se han producido. “La transparencia conviene: acalla rumores”, asevera Palma, que reclama al Gobierno que aproveche las ONG como observadores externos.

Todo lo contrario de lo que sucede en Cataluña, donde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos no puede entrar en las cárceles. Es un hecho que sorprende al expresidente del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, igualmente perplejo ante las dificultades del Síndic de Greuges para entrar en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca. Palma sí pudo entrar: “En el CIE tratan a los inmigrantes como niños que no pueden andar sueltos por la calle. Eso es inaceptable”. Además, señala la falta de estímulos de los internos, que solo disponen de un patio y un corredor: “Sin nada que hacer, solo pueden pensar. Y muchos piensan en como pueden quedarse en el país”.

Palma advierte ante la nueva ola de austeridad que azota Europa: los recortes solo pueden empeorar las situaciones en las que hay riesgo de tortura. “Se reduce personal, se reduce la formación, se reducen estructuras... con los recortes, veo el futuro problemático”.