El Gobierno rechaza cumplir la inversión que fija el Estatuto

El Gobierno central cuestiona el Estatuto de Autonomía para Andalucía que estipula en su disposición adicional tercera que las inversiones del Estado en la comunidad deben ser similares al peso de su población. En una carta remitida al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, el número dos del Ministerio de Hacienda y secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, entiende que no hay “ningún compromiso de pago” con Andalucía en relación con las cantidades adeudadas por inversiones estatales no ejecutadas de 2008 y 2009.

La Junta de Andalucía y el último Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero acordaron en una reunión de la comisión bilateral de cooperación Junta-Estado, celebrada dos meses antes de las elecciones generales, el reconocimiento de una deuda por 1.504 millones de euros de inversiones no realizadas durante 2008 y 2009. Beteta afirma en su carta que esa comisión “carece de competencias en materia de inversiones” que están asignadas a otro órgano mixto como es la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros prevista en el Estatuto. Según el responsable de Hacienda esta comisión “no ha sido constituida”, una afirmación que no es cierta. Se ha reunido en cinco ocasiones (7 de mayo de 2007, 10 de junio de 2008, 19 de septiembre de 2008, 26 de noviembre de 2009 y 21 de diciembre de 2009).

Beteta entiende, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2007, que las “comunidades autónomas no pueden pretender construir en sus Estatutos un sistema de financiación adicional para inversiones que se distribuya territorialmente según el criterio o variable que sea más favorable en cada momento a los intereses de cada comunidad”.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas dice que “no es procedente” la petición del consejero para hacer efectiva el cumplimiento estatutario. El Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad casi al final de la legislatura pasada una proposición no de ley, apoyada por el PP, en el que se instaba al “cumplimiento íntegro” de lo acordado en la comisión bilateral. La cantidad de 1.504 millones está reconocida por la Intervención General de la Administración del Estado. Lo que no se acordó en esa comisión bilateral es cuándo se pagaba ni cómo.

El Gobierno andaluz reaccionó ayer con dureza a Beteta. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, advirtió que a Andalucía “se le empieza a deber una nueva deuda histórica”, ya que en los Presupuestos Generales de 2012 la inversión estatal no cumple con el precepto del Estatuto de ser igual al peso de la población andaluza en el conjunto del Estado (el 17,8%). La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, calificó la respuesta como un “nuevo pisotón al Estatuto”.