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El juzgado cita a Julio Iglesias para que declare en el ‘caso Ivex’ el próximo día 10

El cantante tiene previsto actuar en Valencia el próximo día 8 en el Palau de les Arts El artista fue contratado en su día por Zaplana para promocionar la Comunidad Valenciana

Julio Iglesias tendrá que declarar como testigo en el juzgado sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno valenciano en su contratación para promocionar la Comunidad Valenciana en el exterior. El juzgado de instrucción número 19 de Valencia, que instruye el denominado caso Ivex. ha pedido a la policía que cite al cantante para tomarle declaración como testigo el próximo día 10 a las diez de la mañana, tal y como había solicitado la Audiencia Provincial de Valencia.

La diligencia de la Audiencia Provincial en la que pide que se tome declaración a Julio Iglesias se arrastra desde más de un año. Sin embargo, pese a que los domicilios del cantante español en Miami y República Dominicana no son secretos, hasta ahora no se le ha tomado declaración.

Julio Iglesias tiene prevista una actuación el próximo día 8 en el Palau de les Arts de Valencia, justo frente a los juzgados de la ciudad de la Justicia, y una de las partes reclamó que se aproveche la estancia del cantante en Valencia para citarlo, lo que permitirá acortar los ya dilatados plazos y abaratar el coste de una comisión rogatoria a República Dominicana para realizar una declaración testifical.

El caso Ivex se remonta a finales de los años 90 y está relacionado con la contratación del cantante, por parte de la Generalitat de Eduardo Zaplana, para promocionar la Comunidad Valenciana en el exterior. Una contratación que, presumiblemente, ascendió a seis millones de euros libres de impuestos y que incluyó parte del pago en a través de un contrato en b.

El PSPV-PSOE presentó en mayo de 2004 una querella ante el Tribunal Supremo contra los 19 consejeros del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), organismo dependiente de la Generalitat, por un supuesto delito de malversación de fondos relacionado con los pagos a Julio Iglesias realizados en 1997, 1998 y 1999. Según la denuncia, la Administración valenciana hizo un contrato público al cantante para que promocionase la Comunidad Valenciana en el exterior por importe de 2,2 millones de euros, pero hubo otro contrato b, que se ocultó y que elevó el coste del contrato hasta 5,9 millones de euros libres de impuestos.

El Tribunal Supremo se declaró finalmente no competente para investigar el caso, pero la Audiencia Provincial de Valencia ordenó hace un año reabrir la causa e instó al juez que instruye el caso Ivex a tomar declaración al artista y a otras personas relacionadas con el polémico contrato.

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