López ahonda su brecha con Rajoy por los recortes y la presión a Bildu
El Gobierno aprueba el decreto que anula el copago sanitario en Euskadi
La crudeza con que se deja ver la distancia entre el Gobierno vasco y el central no deja de aumentar, según corre el calendario desde la ruptura por el PP del pacto de apoyo al Ejecutivo de Patxi López y a la vez se acerca el 1 de julio, fecha de entrada en vigor del decreto de recortes sanitarios que Euskadi se niega a aplicar. El Ejecutivo aprobó ayer su propio decreto, con las previsiones que opone a las del Gobierno central. La previsible subida del IVA es ya también elemento de desacuerdo y fricción: el Gabinete de López aboga por elevar otro tipo de impuestos y no el que grava por igual a todo el mundo, independientemente de su nivel de renta.
El Ejecutivo del PP puede imponer sus recortes si recurre el decreto vasco
Otro tanto está ocurriendo con la gestión de aspectos concretos abiertos con el fin de ETA. En este ámbito, ambos Ejecutivos han chocado ya abiertamente sobre las reuniones entre víctimas y presos arrepentidos, de los que el Ejecutivo del PP ha apartado al de López, impulsor de la iniciativa, además de cambiar el planteamiento. También han discrepado en la valoración de la sentencia de legalización de Sortu, recibida con agrado por el Gobierno vasco. La advertencia a Bildu sobre el riesgo de incurrir en los supuestos de ilegalización contenidos en esa sentencia, por financiar desde el Ayuntamiento de San Sebastián, un documental sobre reclusos etarras, dio ayer una nueva ocasión a que el Gobierno autónomo se separara de la doctrina del PP y La Moncloa. “Mucha prudencia”, aconsejó la portavoz, Idoia Mendia, en su comparecencia de ayer. “Hay que ser extremadamente prudentes. Hablar de esa sentencia para ilegalizar formaciones políticas es muy arriesgado y no contribuye al fin que busca el ministro de Interior”, dijo. “El Gobierno no quiere entrar en polémicas, pero ilegalizar, ilegalizan los tribunales; los jueces saben cuál es la jurisprudencia a aplicar y las opiniones no contribuyen a nada”.
Parados, pensionistas y perceptores de la Renta de Garantía no deberán pagar
Ambos Gobiernos sí coincidieron en felicitarse de las detenciones en Francia, que Mendia aprovechó para emplazar a Amaiur a exigir la disolución de ETA en lugar de decir que son perjudiciales. En todo caso, en estas cuestiones se trata de valoraciones, es decir, palabras sin efectos prácticos. Sí los tienen, en cambio, los hechos y el decreto aprobado ayer es uno determinante. Con ese acto, el Gobierno de López se opone frontalmente al real decreto de Rajoy sobre los recortes sanitarios, contra el que tenía ya presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Auditoría sobre expedientes de ayudas
La controversia entre el Gobierno y la Diputación de Bizkaia por la tardanza en remitir a Lanbide los expedientes para que pueda gestionar la Renta de Garantía de Ingresos, así como por el estado de muchos de ellos, ha pasado a mayores. La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, anunció ayer una auditoría independiente sobre ellos que dirá quién tiene razón y quién miente. “No se trata de presionar” a la diputación vizcaína, ni de abrir con ella “un enfrentamiento institucional, que no es bueno ni lo que este Gobierno está buscando”, dijo, pero sí de “acreditar la verdad”. “Estamos hablando de algo muy serio, de un derecho subjetivo de personas que no tienen ingresos”, justificó.
El Gobierno quiere que una auditora independiente “nos diga en qué estado se nos entregaron los expedientes y cuánto retraso acumulaban”, porque tras cada uno de ellos “hay personas, con cara y ojos” que necesitaban las ayudas.
Mendia se refirió a la documentación que Lanbide “ha ido recibiendo con cuentagotas” de Bizkaia como “expedientes embalsamados”. Se ha perjudica a los interesados, ha acusado, además de forzar al Gobierno a pagar 13 millones de atrasos acumulados, a veces hasta de dos años, desde que la persona en cuestión hizo su solicitud y la resolución.
Mendia dio por supuesto que se retirarán las ayudas a los solicitantes que lleguen con ellas concedidas indebidamente. “Hay casos que llegan a Lanbide con orden de pago de abril, y descubrimos que se trata de personas que viven fuera o incluso que fueron expulsadas del territorio nacional por haber delinquido”, aseguró.
De su lado, el portavoz de la institución foral, Juan Mari Aburto, pidió tambique se ponga fin a “la batalla” y que se “saque del debate” público esta cuestión.
El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, que compareció junto a la portavoz para explicarlo en sus líneas generales, acude mañana con él bajo el brazo a la reunión del Consejo Interterritorial previo a la entrada en vigor de los recortes el 1 de julio. Bengoa se reservó las concreciones sobre la mecánica de la no aplicación en Euskadi para el jueves, una vez que mañana oiga la última hora del ministerio. Sí admitió que espera “como mínimo, suspicacias” hacia la negativa vasca.
El enfrentamiento puede ser más que verbal. El Gobierno central tiene en su mano presentar a su vez un recurso contra el decreto vasco y, en este caso, esa acción tiene efectos suspensivos; es decir, cortocircuitaría su entrada en vigor y, por tanto, impediría al Ejecutivo de Patxi López cumplir su promesa de no aplicar los recortes en Euskadi y le obligaría a hacerlo. El conflicto en este caso estaría servido. Al Gobierno vasco solo le quedaría entonces la vía de la compensación a posteriori del gasto que desembolsen los ciudadanos.
El decreto aprobado ayer quiere “mantener el statu quo para los vascos” . Por ello, establece previsiones tanto en el mantenimiento de la universalidad de la atención, como del copago en su estado actual (40% salvo en los medicamentos de aportación reducida), con la excepción de los pensionistas, que seguirán sin pagar, y los parados sin subsidio y los perceptores de la Renta de Garantía, que dejarán ahora de hacerlo.
El Decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Servicio Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, su nombre completo oficial, garantiza el acceso a las prestaciones de la cartera de servicios sanitarios a quienes quedarían excluidos de ellas por el decreto de Rajoy al no tener la condición de “asegurados o beneficiarios”. Se atenderá a cuantos figuren en el Servicio Nacional de Salud, a quienes tengan tarjeta sanitaria vasca anterior al decreto y a las personas que cumplan simultáneamente tres condiciones: estar empadronadas en un municipio vasco desde al menos hace un año, percibir la garantía de ingresos o tener ingresos suficientes a la renta básica y no tener acceso a otro sistema de protección sanitaria pública.
Bengoa consideró que la competencia de la comunidad para aprobar y aplicar la norma aprobada ayer, está “amparada por la legislación vigente”. Sobre su coste, aseguró que cuenta con la “suficiencia financiera” para cubrir los tres millones de euros en que está calculado.
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