“Ahora veo a la policía y pienso que pueden detenerme porque sí”

“Ahora, cada vez que me cruzo en la calle con un policía, pienso que pueden detenerme porque sí, sin tener ninguna razón”, relata Ernesto Rodrigo, padre de un alumno del IES Benlliure de Valencia que participó en las protestas estudiantiles de febrero que se desarrollaron en torno al IES Lluís Vives. Ayer, este panadero de 47 años tuvo que declarar ante el juzgado de Instrucción número 12 de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Le acusan de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad. Junto a él lo hicieron dos estudiantes, uno de ellos inculpado también de agresión a un policía. Todos negaron los cargos por los que les inculpan y denunciaron sentirse “vejados y humillados” por el trato recibido.

“Lo único que ha preguntado la juez durante mi testimonio ha sido en qué consistió la detención”, explica Rodrigo. Según cuenta, él acudió a la comisaría de Zapadores, en Valencia, para quejarse por las cargas policiales que tuvieron lugar los días anteriores. Allí acompañó una “sentada pacífica” y vio cómo “muchísimos antidisturbios” les rodearon y les intimidaron “creando un clima de total desconcierto”. Entonces comenzaron a “empujar de forma violenta” a varias personas y a él lo lanzaron al suelo: “Era surrealista porque me pedían la documentación mientras me retorcían los brazos”, asegura Rodrigo. “Yo les dije que o me dejaban sacarla o que la cogieran ellos”, añade, “pero me esposaron y me metieron en la comisaría”. Allí pasó cerca de una hora y media. Al entrar, según señala, se quejó del dolor y un policía dijo: “Nos ha tocado uno blandito”.

Una 40 personas se concentraron en el juzgado para mostrar su apoyo

Como a él, los detenidos en aquella jornada siguen pasando desde hace semanas por los juzgados para declarar. Este miércoles será el turno de tres más. Mientras, la asamblea contra la represión El Micalet, formada por 23 federaciones de alumnos, sindicatos y partidos políticos de izquierdas, ha visto cómo una denuncia presentada contra la delegada de Gobierno, Paula Sánchez de León, y el jefe de policía, Antonio Moreno, se archivaba por “inexistencia de conductas penalmente relevantes”. Ayer, unas 40 personas se concentraron frente a los juzgados para apoyar a sus compañeros: “Queremos pasar a la contraofensiva, porque hasta el miércoles van a pasar seis de los detenidos y ninguno de los policías que infligieron un trato kafkiano dentro de la comisaría de Zapadores”, indicó Ricardo Cano, abogado de la plataforma. “Vamos a ver si denunciamos nosotros por malos tratos”.

Los asistentes se quejaban de la “impunidad” con que se ha tratado a los que “pegaron con saña a menores” y el tiempo que se está dedicando a los detenidos. Carolina Belenguer, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), apuntó que “hay mucha presión pública y tenemos que esperar, pero sería ideal que el juez resolviera estos casos con la misma velocidad con la que ha desestimado nuestra acción”.