El Gobierno quita valor al protocolo para demoler el Algarrobico

El acuerdo firmado el pasado noviembre entre el anterior Gobierno del PSOE y la Junta de Andalucía para demoler el hotel del Algarrobico —una mole de 20 plantas y que vulnera la Ley de Costas y el Plan de Ordenación del Cabo de Gata— es cada vez más papel mojado. El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, afirmó este lunes que el protocolo de colaboración entre ambos Gobiernos para derribar el hotel “no sirve para nada por sí mismo”.

Saavedra declaró que el protocolo no es más que una “declaración de intenciones” que incluye “la supuesta asunción de unas obligaciones que tendrían un coste que ni siquiera se cuantifica ni se establece con cargo a qué partidas presupuestarias se podrían financiar”. El alto cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente apuntó que el Gobierno central “no es responsable de la construcción” del inmueble, y recordó que todavía existen varios procedimientos judiciales en marcha en torno al hotel, entre ellos el relativo a la ilegalidad de la licencia municipal de obras. También aseguró que los jueces rechazan la demolición cautelar del edificio.

El pasado 27 de marzo el Tribunal Supremo sentenció que el hotel de la promotora Azata, construido sobre la misma playa, vulneraba la Ley de Costas. A los dos días de conocerse la sentencia, el ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, señaló hacia la Junta de Andalucía como “responsable” del derribo en virtud, dijo, del Estatuto de Autonomía y de la propia sentencia.

El convenio de colaboración del que ahora se desentiende el Gobierno central recogía que este se encargaría de financiar las labores de demolición y que la Junta asumiría la gestión de los residuos que la operación de derribo genere. Un estudio de Greenpeace señala que el coste conjunto de tirar el hotel y recuperar el entorno natural dañado costaría 7,3 millones.