Una contrata con un plus del 20%

Secopsa ha cobrado ocho millones de Valencia al margen de la adjudicación

Fachada del edificio de la Tabacalera, rehabilitado por Secopsa.
Fachada del edificio de la Tabacalera, rehabilitado por Secopsa.MÒNICA TORRES

Secopsa ha cobrado al Ayuntamiento de Valencia a precios de oro decenas de obras extra al margen de las contratas de mantenimiento de edificios públicos que ha gestionado en los últimos seis años. Han sido ocho millones de euros, según reconoce el Consistorio en un informe, lo que ha permitido a Secopsa ingresar un 20% más sobre el canon oficial.

Estos extras, sin embargo, no han sido un problema para que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento haya vuelto a confiar a la compañía que dirige José Manuel Aguilar, imputado en el caso Nóos por su etapa al frente de CACSA, una contrata todavía más jugosa, que reagrupa todos los servicios de mantenimiento municipales en uno, con unos ingresos al año para Secopsa de 6,7 millones de euros.

El Consistorio que preside la popular Rita Barberá asegura al grupo valenciano 34 millones de euros en los siguientes seis años, encargos aparte.

El segundo concurso más suculento en términos económicos, tras el de limpieza viaria y recogida de basuras, de Valencia, es fuente de polémica. En primer lugar, el gobierno local del PP anunció la agrupación de los contratos de mantenimiento de sus edificios, colegios, cementerios y mercados en uno solo. La concentración se hace en cumplimiento del Plan de Austeridad municipal para ahorrar dinero a las arcas municipales. La Junta de Gobierno convocó el concurso en marzo.

El negocio de la contrata atrae no solo a Secopsa sino a otros grandes grupos empresariales españoles. Edificaciones Ferrando e ImesApi (del Grupo ACS), un consorcio liderado por Bertolín o la unión de Elecnor, Aplitec y PorArt pujan por el contrato junto con Secopsa, que gestiona la mayoría de contratas de servicios municipales desde que el PP gobierna Valencia.

El grupo valenciano gana

La necesidad de ahorrar a la que apela el gobierno local para justificar la agrupación de cuatro contratas en una, no se entiende con el pliego en la mano. Los licitadores se encuentran con que la oferta económica tiene limitada la rebaja al 2%. En un informe, los Servicios Centrales Técnicos municipales apostillan que no se justifica “la limitación de la baja económica”. Además, añade el documento, que “a efectos informativos de la licitación”, hubiera sido adecuado incluir en el pliego del nuevo concurso los ocho millones de euros adjudicados en años anteriores y pagados por el Consistorio al margen del canon.

Si en la oferta económica había poco que hacer, al limitarse la baja, no sucede lo mismo con el pliego de condiciones técnicas. Ahí, Secopsa se distancia del resto al conseguir 34,5 de los 35 puntos en juego. La segunda mejor oferta, la del Grupo ACS de Florentino Pérez, se queda a más de doce puntos de distancia de la primera. La duda se ceba en las empresas competidoras.

La patronal del sector, la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), con sede en Madrid, registra un recurso contra el pliego el pasado 3 de abril porque entiende que el Ayuntamiento exige unas clasificaciones fuera de lugar —muy exigentes— en este tipo de concursos, hasta el punto de que, salvo Secopsa, que las obtiene meses antes, y se presenta en solitario, el resto se ve obligadas a concursar en unión temporal con otras.

Aplitec, otro de los licitadores, recurre el 18 de mayo porque la oferta de Secopsa se había valorado “excesivamente” por su conocimiento de los edificios y datos aportados, dado que la compañía gestiona la contrata desde hace 20 años. El Ayuntamiento rechazó ambos recursos.

La patronal del sector

El segundo punto llamativo de la millonaria contrata son los precios de referencia de materiales que recoge el pliego, que, en algunos casos, superan con creces a los que se encuentran en la calle. Dependiendo de si se compran en establecimientos al por menor o al por mayor, la diferencia puede oscilar entre el 30% y el 300%.

El gobierno local ha llevado el concurso millonario con discreción hasta que las dudas en torno a la preadjudicación se han extendido. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y el concejal de Contratación y Asuntos Jurídicos, Félix Crespo, acompañados de dos técnicos, salieron hace dos semanas a defender su corrección y legalidad ante las sombras que recaen sobre el mismo.

“Es todo legal”, dijo el número dos de Rita Barberá. Su alusión a que Secopsa había obtenido la mayor puntuación porque había demostrado ser un buen alumno provocó sarpullidos en la competencia. Precisamente, la objeción de una de las licitadoras fue que cuando pidió el listado y sueldo de los trabajadores de la contrata para calcular correctamente los costes, se le entregó una relación de personas pero sin las remuneraciones ni calificación profesional.

El viernes 22 de junio, cuando la Junta de Gobierno de Valencia aprobó la adjudicación definitiva a Secopsa Servicios, Grau, a través de un portavoz de su concejalía, reiteró que todo era legal y que si alguien tenía dudas al respecto lo que debía hacer es denunciarlo en los tribunales.

Ninguna justificación sobre el montante de trabajos extra ni sobre los elevados precios para el vigente contrato. AMI ha anunciado la formalización de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En días se despejará la duda.

Precios, imputados y precedentes

La colocación de una puerta en el colegio Giner Ríos por más de 11.000 euros, la construcción de una valla en otro centro escolar de la ciudad por 33.781 euros, la rehabilitación de la Alquería de Albors, con un gasto de 2,3 millones de euros y un sobrecoste del 700% según los socialistas, o la adecuación de los despachos de los grupos políticos municipales, con 162.577 euros, aparecen en el listado de trabajos encargados por el Consistorio y abonados además del canon de la contrata.

Los datos facilitados por el Consistorio a la revista Interviú durante la elaboración de un reportaje sobre la contrata han sembrado más dudas sobre los servicios que realiza Secopsa y el número de trabajadores del grupo que verdaderamente se dedican a esta contrata. El resumen medio mensual de todo el mantenimiento supone un total de 3.493 partes o avisos, lo que cruzado con los 147 empleados al servicio de la contrata por 22 días hábiles de trabajo al mes, resulta 1,08 partes diarios por trabajador. Y otro dato curioso, si la mano de obra de los empleados y los impuestos están incluidos en el canon oficial, ¿por qué a los trabajos extra que el Ayuntamiento ha encargado a Secopsa en estos seis años, se les añade un 13% de gastos generales y un 6% de margen industrial?

La polémica rodea además esta adjudicación cuando los tribunales acaban de anular otro concurso millonario adjudicado hace cuatro años: el servicio de suministro de agua en alta a 44 municipios del área metropolitana a una sociedad donde Aguas de Valencia es mayoritaria. Un juez lo ha anulado porque la consultora encargada de valorar las ofertas, que eligió el entonces presidente de la entidad metropolitana, Enrique Crespo, imputado en el caso Emarsa, no se dedicaba a los temas hidráulicos. Aguas de Barcelona fue la derrotada y recurrió la adjudicación. La perdedora ha ganado el proceso y ahora el concurso se repetirá.

Además de todo, José Castro, el juez que instruye el caso Nóos —que investiga los negocios de Iñaki Urdangarín con la Generalitat y una fundación vinculada al Ayuntamiento de Valencia— ha imputado al director general de Secopsa por su etapa al frente de la empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA). De aquel cargo saltó a Secopsa. Los grupos de la oposición piden al gobierno local del PP más transparencia e incluso que se declare desierto el concurso hasta que el concurso se revise con luz y taquígrafos. Todos muestran su preocupación por que el empleo no sufra menoscabo.

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