La norma

La época es mala y se vuelve inseguro aquello de lo que no dudaba nadie: los bancos, por ejemplo, empezando por el Banco de España, o la estabilidad de los funcionarios, tradicional motivo de celos y resentimiento, y no porque se les identificara con el peligroso pasado y se les atribuyeran las lacras del Estado franquista, patriarcal, dictatorial y muy funcionarial, sino porque aquí casi todo el mundo quisiera ser funcionario, uno más entre el cuarto de millón que ya existen. El resentimiento contra los funcionarios es directamente proporcional al deseo de la clase media media y media baja de conseguir un puesto en la Administración, para toda la vida, porque el Estado es la única empresa que nunca quiebra, o eso se creía.

Pero las dos últimas décadas en la historia económica de los funcionarios han sido inestables, con cuatro congelaciones del sueldo, en 1994, 1997, 2011 y 2012, más una rebaja del cinco por ciento en 2010. Que el Estado alguna vez resulta poco fiable quedó en evidencia a raíz de la congelación de 1997, que dio por liquidado un pacto de 1994 entre sindicatos y Gobierno por el que durante el periodo 1995-1997 los salarios evolucionarían en armonía con los precios. Los sindicatos hicieron entonces una huelga, acudieron a los tribunales, y el Tribunal Constitucional sentenció por fin en 2005 que el pacto no valía porque las condiciones económicas de 1994 habían cambiado en 1997.

Recordar estas cosas tan viejas me descubre que algunos de los puntos más indeseables de la reforma laboral de 2012 ya se habían puesto en práctica en el ámbito administrativo con el aval de los más altos tribunales. Por ejemplo, la reforma laboral contempla la anulación de los convenios si las circunstancias económicas de la empresa así lo requieren. Y, como acabamos de ver, algo parecido ya se había inventado quince años antes, en 1997, para los funcionarios. La reforma laboral de 2012 permite a las empresas, según sus necesidades, bajar el sueldo o cambiar las condiciones de trabajo de sus empleados, pero eso también se había aplicado ya a los funcionarios, cuerpo disciplinado cuando la situación lo exige.

Ahora les bajan otra vez el sueldo y les alargan la jornada a los funcionarios y a los pseudofuncionarios de las agencias y empresas públicas. Estoy leyendo el Decreto-ley 1/2012, de 9 de junio, que dicta medidas "para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía": vuelve a bajar los sueldos un cinco por ciento y declara que las cláusulas de los acuerdos firmados por los sindicatos "permanecerán vigentes, si bien, atendiendo a la situación de excepcionalidad provocada por la alteración sustancial de las circunstancias económicas, se suspenden aquellas que contradigan lo dispuesto en el presente Decreto-ley". El estilo de los técnicos de la Junta demuestra una auténtica sensibilidad verbal y evita la repetición de palabras: podrían haber escrito que los acuerdos permanecerán vigentes salvo en lo que no permanezcan vigentes, porque lo vigente es el Decreto-ley.

Todos los partidos, de derechas, de izquierdas, regionalistas y nacionales de toda España, hacen lo mismo en esta "situación de excepcionalidad provocada por la alteración sustancial de las circunstancias económicas", como dice la Junta. Pero ninguno se responsabiliza de sus actos y todos descargan las culpas en algún ente superior, sea el Estado, Bruselas o Berlín. Todos obedecen la nueva norma: fomentar la creciente inanidad sindical y dejar de considerar al asalariado un ser racional capaz de negociar con los patronos.