Jueces y penalistas defienden adaptar la Justicia a un escenario sin ETA

“El terrorismo de ETA ha provocado dos daños muy grandes: ha supuesto una escuela de odio que se ha traducido en un sinfín de víctimas y ha llevado, por otro lado, a una auténtica devastación jurídica”. La frase la pronunció ayer el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez. Desde este prisma, tanto él como otros destacados jueces y abogados penalistas coincidieron en la necesidad de adaptar la Justicia al nuevo escenario abierto desde el cese de la banda armada para favorecer desde los tribunales la reconciliación social y una paz definitiva.

Giménez fue solo uno de los invitados a la jornada de reflexión sobre el papel del derecho penal ante el fin de ETA que organizó en Bilbao la Fundación Sabino Arana, vinculada al PNV. El actual magistrado del Supremo, formado como juez en Euskadi, reconoció que el escenario actual es “muy esperanzador”, si bien contrapuso que hay todavía “asignaturas pendientes”. En este sentido, consideró que el Estado de Derecho debe actuar frente al terrorismo y sus consecuencias con “respuestas legítimas”, pero “sobre una cierta sintonía con la realidad social”.

El magistrado de la Audiencia Nacional cree posible revocar el 'caso Bateragune'

En plena polémica aún por la legalización de Sortu, Giménez no tuvo reparos en reconocer que la decisión del Tribunal Constitucional supone un paso importante para la garantía del pluralismo político. No obstante, matizó que “uno no se convierte en demócrata de un día para otro”, por lo que recalcó que la nueva marca abertzale necesitará tiempo para “acreditar con sus actos” el rechazo de la violencia. Además, aunque justificó el protagonismo de las víctimas en el final del terrorismo, matizó que estas no deben introducirse en el derecho penal ni guiar la política penitenciaria del Estado”.

Las contundentes afirmaciones de Giménez encontraron respaldo en las del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quien valoró también la legalización de Sortu, así como los encuentros entre víctimas de ETA y los presos que han rechazado el terrorismo. En su opinión, iniciativas así “van por el buen camino” y deben constituir “el inicio de un proceso” hacia la reconciliación, entendida como una situación en la que todas las partes del conflicto “se respeten”.

De Prada coincidió con Giménez en que el terrorismo ha producido “mucho dolor y muchas víctimas”, así como “deterioros en el Estado de Derecho”. En este sentido, instó a “desandar lo mal andado”, a “poner el cuentakilómetros a cero”, para que la Justicia recupere “toda su configuración general e inicial”. “Esa es la exigencia básica. Luego, a partir de ahí, probablemente se intentará llegar más allá para buscar formas de justicia no sólo retributiva, sino también restaurativa”, consideró.

El magistrado de la Audiencia Nacional fue incluso más allá al advertir sobre la posibilidad de que el Constitucional, al igual que ha hecho con Sortu, corrija al Supremo en lo que se refiere a la condena por el caso Bateragune. Una revocación, solicitada incluso desde la mayoría de partidos políticos vascos, que conllevaría la liberación de Arnaldo Otegi y los otros cuatro encarcelados, entre los que figura también el sindicalista de LAB Rafa Díez Usabiaga. “Parece que determinadas situaciones que se consideraban que podían ser, no sólo políticamente inaceptables, sino incluso criminales, no son eso en realidad y merecen, por lo menos, ser discriminalizadas”, enjuició.

Calparsoro asegura que el régimen de penas tendrá en cuenta el "contexto"

Giménez y De Prada fueron solo dos de los asistentes a la jornada que, durante una pausa a media mañana, atendieron a los medios de comunicación. También lo hizo el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien recalcó que la Justicia “debe actuar y juzgar los delitos”, aunque estos hayan sido cometidos por personas que han abandonado la actividad terrorista. No obstante, coincidió en la necesidad de adaptación al nuevo escenario al señalar que el régimen de cumplimiento se aplicará en función de “la situación individual de cada penado, la situación social y el contexto”. “Nuestra labor será el cumplimiento de la legalidad, pero interpretando esta sobre la realidad actual”, manifestó.

Durante el encuentro, los más de 20 asistentes reflexionaron también sobre cuestiones como la doctrina Parot, la denominada Vía Nanclares de reinserción de presos etarras e incluso la propia definición de lo que es un hecho terrorista.