Interior pide cinco años de cárcel para tres detenidos por la huelga del 29-M

El Departamento de Interior pide cinco años y tres meses de prisión para cada uno de los tres detenidos por los incidentes ocurridos durante la huelga del pasado 29 de marzo. El fiscal solicita seis años para cada uno y el Ayuntamiento de Barcelona, siete años y cinco meses. La fiscalía acusa a Javier T., Óscar M. y Sergio Z. de diversos delitos por participar en un piquete que interrumpió el tráfico y volcó contenedores en la avenida Diagonal. La Generalitat pide para cada acusado tres años por desórdenes públicos, un año y cinco meses por daños y ocho meses por un delito contra la seguridad vial. El Ayuntamiento reclama cuatro años y cinco meses por desórdenes, dos años por daños y un año por un delito contra la seguridad vial.

La fiscalía pide para cada uno tres años de cárcel por desórdenes públicos, dos más por daños al mobiliario urbano y uno por un delito contra la seguridad vial.

Los tres pasaron a disposición judicial tras ser detenidos por los Mossos, pero solo uno, Javier T., ingresó en prisión por riesgo de reincidencia. La juez tomó en consideración que el hombre, de 30 años y miembro de la asamblea de indignados del Clot, tiene antecedentes por hechos similares y es uno de los imputados por acoso a diputados frente al Parlament del 15 de junio del año pasado.

“Desproporcionada”

“Es una petición desproporcionada e inviable, ya que imputa todo lo ocurrido a todos los acusados”, señaló ayer el abogado de la defensa, Benet Salellas, que citó el ejemplo contrario: “Cuando acusamos a policías, precisamente se nos pide que individualicemos los hechos”. Salellas denunció que se les atribuya un delito de tráfico cuando “de lo que se está hablando es de si hubo desórdenes públicos o no”.

Javier T. ingresó en prisión con otros dos estudiantes (Ismael B. y Daniel A) por riesgo de reincidencia. La juez argumentó que era previsible su participación en incidentes violentos durante los acontecimientos que iban a celebrarse en Barcelona en días posteriores a la huelga, como una cumbre del Banco Central Europeo y las manifestaciones del 1 de mayo. En el caso de Javier T., la juez destacó que el 29-M este pretendió “alterar la convivencia en la ciudad” e “impedir a los ciudadanos su derecho al desplazamiento”.