El juez no ve delito en las cargas contra las protestas estudiantiles en Valencia

Las cargas policiales de febrero pasado contra las protestas estudiantiles originadas en torno al instituto Lluís Vives de Valencia dieron la vuelta al mundo virtual a base de vídeos, fotos y mensajes colgados en las redes. Pero los mandos que ordenaron tan contundente actuación no serán imputados. Ni la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ni el jefe superior de Policía, Antonio Moreno.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha archivado la denuncia formulada contra ambos y contra otros mandos por la Asamblea por las Libertades y Contra la Represión (Asamblea de El Micalet), de la que forman 23 partidos políticos de izquierda, sindicatos, asociaciones estudiantiles, federación de madres y padres, así como organizaciones sociales.

La denuncia fue interpuesta el 8 de junio y en apenas cinco días el magistrado Esteban Tabernero ha decidido, en el mismo acto jurídico, abrir diligencias previas sobre el asunto y acordar el sobreseimiento provisional por no apreciar “la existencia de conductas penalmente relevantes en los denunciados”. Es decir, el juez cree que en la denuncia no se acreditan suficientemente los hechos atribuidos a Sánchez de León y a Moreno.

“Desde mi punto de vista, era lo esperado en este caso, y se ha confirmado por la Justicia”, dijo por su parte la delegada del Gobierno tras conocer el archivo de la causa. Sánchez de León tenía este jueves también otro motivo por el que alegrarse, puesto que la Fiscalía de Valencia ha decidido archivar, según informó Europa Press, la denuncia interpuesta por Compromís por prevaricación contra ella y contra el concejal de Fiestas de Valencia, Francisco Lledó, por autorizar y programar, respectivamente, la mascletà nocturna del pasado 12 de mayo prevista a la misma hora y lugar, la plaza del Ayuntamiento, que la manifestación del primer aniversario del Movimiento del 15-M.

EU cree que el auto del juez no exime de su “responsabilidad política” a De León

En los razonamientos jurídicos, el juez explica que la denuncia la interponen una serie de personas “no en nombre propio ni como directos perjudicados”. Estima el magistrado que la denuncia no es por “actos concretos realizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que según consta en la denuncia ya han sido denunciados por los afectados”, sino “porque desde la Delegación del Gobierno y la prefectura de policía se generó por acción u omisión una maniobra dirigida o derivada a vaciar de contenido el derecho a la manifestación”.

En una nota difundida este jueves, la Asamblea de El Micalet expresó su sorpresa por la celeridad de la decisión judicial. Se quejan de que el juez no ha permitido “a los 23 denunciantes ratificar la denuncia presentada” y ha olvidado “el deber de investigar los hechos denunciados para comprobar si hay base para sostener la acusación, atacando con ello de plano al Estado de derecho”.

La decisión judicial provocó las críticas de Esquerra Unida. La diputada Marga Sanz dijo que el archivo de la causa contra Sánchez de León “no la exime de su responsabilidad política”. Sanz explicó que confía en que, a pesar de este revés, “prospere la investigación y se depuren responsabilidades”. La diputada, que lamentó “las agresiones causadas a muchos menores durante aquellos días”, añadió sobre Sánchez de León: “Lamentamos que todavía continúe en su cargo”.

Un grupo de unos 70 simpatizantes del 15-M provocó por la tarde cortes de tráfico en el centro de Valencia tras conocer el archivo de la denuncia. Los manifestantes volvieron a reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno, gritaron "No hay pan para tanto chorizo", "Libertad detenidos" y "Ninguna represión sin respuesta". Varias furgonetas de la Policía Nacional custodiaron la manifestación, que se desarrolló sin ningún tipo de incidentes.