Más control ciudadano sobre los cargos públicos

El PSE y los grupos minoritarios (Aralar y los tres parlmentarios de EA, Ezker Anitza y UPyD), lograron ayer sacar adelante, con el único voto en contra del PNV, una iniciativa con la que el Parlamento insta “al conjunto de las Administraciones” a realizar los cambios normativos que sean precisos en la ámbito de cada una de ellas para “facilitar el control ciudadano de los cargos públicos y de empresas públicas y participadas”. Aunque la proposición no de ley aprobada no lo dice expresamente, esa redacción daría pie a convertir en libre para todos los ciudadanos el acceso a los registros oficiales donde están las declaraciones de bienes intereses. El PNV sí asumió, en cambio, que las reformas citadas recojan la obligación de hacer tales declaraciones al acceder al cargo, de actualizarlas anualmente con la liquidación del IRPF y de comunicar cualquier alteración sustancial de patrimonio por herencia, donación, premios u otra causa.

PNV y PP sumaron fuerzas, en cambio, para tumbar el resto del contenido de la proposición encabezada por el PSE: no asumieron que la Cámara instara también a hacer las reformas precisas para que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas pueda auditar los bienes de los cargos públicos al término de cada mandato, como modo de comprobar enriquecimientos o incrementos injustificados de patrimonio. Se trataba de ver con cuánto se llega y con cuánto se sale de un cargo y de que tanto lo primero como “la evolución del patrimonio y su correspondencia con los ingresos y alteraciones patrimoniales registradas y contrastadas serán públicas”, según rezaba la parte rechazada.

PNV y PP adujeron que se precisan cambios legales, por ejemplo, en la ley que fija las funciones del tribunal. Con ese argumento se opusieron y tumbaron los tres puntos más relevantes de la proposición no de ley, uno de los cuales instaba justamente a realizar esas reformas normativas en cada ámbito, incluido el del tribunal.

Pese a que el éxito de la iniciativa fue parcial, el socialista Óscar Rodríguez lo consideró “un gran avance” y “un punto de no retorno”.