El Banco de España congela cinco años las pensiones de exdirectivos de la caja

Óscar Rodríguez Estrada, exdirectivo de Novacaixagalicia, cumplió anteayer la edad de jubilación. Pero no podrá llevarse los 8.172.000 euros de su plan de pensiones porque el Banco de España lo ha bloqueado. El suyo y el de otros tres exdirectivos con contratos blindados (el exdirector de la caja, José Luis Pego, el exdirector adjunto Javier García de Paredes, y el responsable de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán). Los retiros, junto a los seguros correspondientes, suman 33 millones de euros que están depositados en un fondo que administra la aseguradora Caser. Ahí seguirán durante los próximos cinco años, mientras se aclaren las investigaciones que varios juzgados llevan a cabo. Después de esa fecha no se sabe qué ocurrirá, aunque en todo caso, ninguno de los tres afectados habrá cumplido entonces los 65 años.

Novagalicia Banco confirmó que ha recibido instrucciones del regulador que impiden su cobro efectivo en una carta que no detalla los motivos de la medida. La petición está firmada por Jerónimo Martínez Tello, director de Supervisión del regulador, y nada dice sobre las indemnizaciones que se embolsaron el año pasado, —19 millones entre los cuatro—, cuando se marcharon de la caja.

La figura legal que utiliza el BE para ejercer ese control se basa en la normativa que da poderes a un banco o caja para que durante cinco años tome decisiones sobre “los beneficios discrecionales de la pensión”, es decir, sobre fondos que afectan a la alta dirección, no a los planes de pensiones ordinarios. En ese artículo se detalla que la política de remuneración debe ser “compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo”, algo que a la luz de la nacionalización no ha ocurrido en Novacaixagalicia. “Los pagos por rescisión anticipada de un contrato se basarán en los resultados obtenidos en el transcurso del tiempo y se establecerán de forma que no recompensen los malos resultados”, menciona la ley uno de sus apartados.

La medida no significa que no vayan a cobrar las cantidades consignadas para ellos, sino que se evita que, por ahora, las hagan líquidas. En el próximo lustro debería conocerse el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, que tras una denuncia de CIG investiga si los contratos que asumió la caja fusionada eran legales. También hay una investigación abierta a instancias de la denuncia del abogado coruñés abogado coruñés Pablo Arangüena contra los consejos de administración de Caixa Galicia, Caixanova y Novacaixagalicia, a quienes acusa de un delito de administración desleal.

El tercer frente abierto está en el Congreso de los Diputados, que pedirá a los antiguos gestores cuentas por sus actuaciones. A petición de la subcomisión del fondo de rescate, los exgestores o actuales responsables (irá el presidente de Novagalicia, José María Castellano) pasarán por la comisión de economía. Ayer mismo, el copresidente de la antigua caja, Mauro Varela, rehusó pronunciarse sobre las indemnizaciones millonarias pero mencionó que “todos los acuerdos que tomó Novacaixagalicia en el momento en que los tomó fueron después de todos los asesoramientos internos y externos necesarios”. Se mostró dispuesto a comparecer en la comisión parlamentaria si finalmente lo citan.

A propósito de esta investigación, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que es compatible con la futura comisión que creará el Parlamento gallego “sí o sí” para dilucidar responsabilidades. Esa comisión es la que insistentemente le reclaman desde la oposición, aunque no será impulsada por el PP hasta que no se termine el proceso de recapitalización. Responsables del Banco de España señalaron ayer durante la presentación de las auditorías externas que el Gobierno ha encargado para respaldar su petición de rescate finanicero, que las cajas nacionalizadas absorberán la mayoría de los recursos. La horquilla para todo el sistema financiero está entre 51.000 y 62.000 millones.

En el PSdeG, su secretario general, Pachi Vázquez, reclamó a la Xunta “un sistema financiero ya, el que sea, ya”, y recordó que la apuesta de los socialistas está en un “sistema propio, de titularidad pública”.