¿La informática amenaza las autonomías?

Tradicionalmente, se considera que las diferentes tasas de productividad entre los sectores público y privado estriban en que el primero realiza su actividad en entornos cautivos, mientras que el segundo lo hace en mercados competitivos. Esta diferencia explica que, dejando al margen el importante aspecto de los regímenes estatutarios, las arquitecturas organizativas, los canales a través de los que fluye la información, y cómo ésta se estructura, sean universos tan disjuntos.

La clásica organización de Estado mediante silos ministeriales, no solo dificulta mejorar la eficacia y la eficiencia con la que el Estado presta sus servicios, sino que imposibilita una comunicación efectiva entre las diferentes unidades administrativas. Está claro, por otra parte, que cualquier eventual alteración de la gobernanza del Estado, obedece a una decisión política del Gobierno. Los trabajos emprendidos desde la Vicepresidencia del Gobierno van en esa dirección, primando, hasta ahora, la visión hacendística sobre la de racionalidad de la gestión pública.

Desde una nueva perspectiva, establecer centros de servicios y funciones comunes en el seno de la Administración del Estado, que eviten gastos replicados en cada Ministerio, y aún dentro del mismo Ministerio , supone racionalizar el gasto y hacer más eficiente la prestación. Pensemos, a modo de ejemplo, en un sistema de comunicaciones, videoconferencia y de correo electrónico único; en sistemas comunes de registro, archivo, contratación y gestión patrimonial; en una sede electrónica del Estado con presencia del conjunto de Ministerios; en una consolidación tecnológica que reduzca exponencialmente los gastos de mantenimiento, garantice la seguridad de los sistemas y uniformice procedimientos y métricas; en una concepción flexible de la infraestructura tecnológica, de suerte que sea utilizada en función de las necesidades en cada momento; etc.

La situación actual se agrava, como ya se ha expresado en esta tribuna, al considerar las relaciones del Estado Central con el Estado Autonómico. En servicios esenciales (justicia, sanidad, seguridad) los sistemas de información son incompatibles en la práctica. Algunas comunidades han aprobado auténticas modificaciones de sus Estatutos de Autonomía sin la autorización de las Cortes. Simplemente han dotado de singularidad a sus sistemas de información. En otras ocasiones, la ausencia de coordinación ha permitido la floración de sistemas incompatibles como suma de esfuerzos particulares.

De no actuar ahora, en unos años dispondremos de 17 sistemas incompatibles de historial médico electrónico, de receta electrónica, de alertas y protocolos ante ataques terroristas, físicos o cibernéticos, de transmisión de información judicial..., y hasta puede que de los sistemas de predicción meteorológica. La amenaza de un "nuevo desarrollo autonómico electrónico" puede llevarse a cabo de manera invisible, sin que quepa interponer recursos inconstitucionales, ya que las barreras que se construyen, consciente o inconscientemente, son inobservables a corto plazo, aunque es seguro que se sufran a medio y largo.

Promover políticas de ámbito nacional en el campo de la armonización de tecnología estratégica, sobre la que se gestiona y se transmite, tanto información crítica, como datos, de manera absolutamente segura, no recae en el territorio de los informáticos, sino en el de los políticos. La Administración se moderniza mucho más posibilitando la transmisión electrónica de los historiales médicos a lo largo de todo el territorio nacional, que permitiendo rellenar desde casa un formulario para obtener una beca. Emitir una tarjeta sanitaria de ámbito nacional es un loable deseo, que un médico de un Centro de Salud de Barcelona pueda acceder a mi historial médico continuará siendo, por mucho tiempo, y de no cambiar el actual enfoque individualista, una quimera. Es más, con toda probabilidad, mi médico de Asistencia Primaria no podrá acceder a pruebas que me han realizado en mi Hospital de Referencia, sito a tan sólo tres kilómetros. Desde una visión tecnológica, el Sistema Nacional de Salud o la Administración de Justicia, ni son nacionales, ni compatibles.

La existencia de redes de intercambio de información crítica en materia sanitaria o judicial, utilizando estándares de interoperabilidad, seguridad y privacidad debidamente certificados, con procedimientos claros de quién genera los datos y quiénes pueden usarlos, etc., supone utilizar la tecnología desde planteamientos políticos de servicio público.

La experiencia demuestra que una transformación como la que se precisa no se debe acometer de manera incremental, sin disponer de una visión amplia y sistémica del esfuerzo que ha de acometerse y de una valoración, siquiera a nivel de orden de magnitud, de la inversión necesaria (to start with the end in mind).

En función de lo anterior, sería conveniente impulsar un Centro de Servicios del Estado, dependiendo de la Vicepresidencia del Gobierno, que impulse, coordine y supervise la ejecución de un Plan Estratégico de Racionalización de la Administración General del Estado que, desde una visión horizontal, organice sus funciones de comunicación e información. Se trata de racionalizar la gestión de lo que de común existe en los Ministerios, en lugar de “modernizar” lo singular cada uno por separado.

La dimensión de la tarea expuesta difícilmente puede acometerse desde un Ministerio designado para tal efecto; el requerimiento de máximo liderazgo, su carácter de esfuerzo horizontal y transparente, la necesidad de un puesto de mando y control único, aconseja su residencia en la Vicepresidencia del Gobierno y, por extensión, en la Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. En la Administración Pública el liderazgo comienza en la esfera política, un territorio vedado para los head-hunters.

 José Emilio Cervera es economista.

jecervera@jecervera.com