La hipoteca de Fabra

Siendo terrible, el desbarajuste económico de la Generalitat casi no es lo peor que ha heredado Alberto Fabra de su antecesor, el ahora diputado discontinuo Francisco Camps. El Grupo Parlamentario Popular es una carga explosiva a la que teme tanto o más que a la desesperante situación financiera que lo mantiene estrangulado porque no hay hispabono que la desactive.

No sólo se trata de un grupo moldeado en función de los intereses del anterior jefe del Consell, de los que Fabra está forzado a abjurar, sino que además está trufado de carne de banquillo. Tiene media docena de imputados por la supuesta financiación ilegal del caso Gürtel (Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such), uno por tres causas diferentes (Pedro Hernández Mateo) y otro trío que podía estar al caer por el caso Brugal y el de la cooperación (Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Rafael Blasco).

Y con el agravante de que el presidente del Consell no puede aplicarles la limpieza de la que presume porque el PP perdería la mayoría en las Cortes Valencianas y estos diputados podrían llegar a conformar un grupo parlamentario propio que le arruinaría aún más la situación.

Esta inestabilidad parlamentaria lo convierte en rehén de sus intereses, siempre espoleados por su desesperación judicial, y no solo debilita su posición: también somete su figura a una erosión persistente que salta a la vista, cada vez más, en su cara.

Fabra solo se siente

En el hemiciclo, Fabra solo se siente seguro y levanta la voz cuando embiste a la oposición y le achaca el origen de todos los males que mantienen en vilo a Bruselas y al FMI, pero no puede mirar a su propio grupo en busca de complicidad sin que se le atragante el discurso ni avergonzarse.

Porque allí está la madre de todas las vergüenzas que se ha visto obligado a reconocer: la de oír las grabaciones del juicio del caso de los trajes, la de los alumnos con mantas en los colegios, la de las escandalosas indemnizaciones de las entidades financieras bajo control de la Generalitat, la de los proveedores que han tenido que cerrar empresas por impagos, la del sumario del escándalo de la cooperación o la del hedor que desprende Emarsa.

O la vergüenza que ha tenido que sufrir esta semana con el estrepitoso episodio de la iniciativa sobre símbolos llevada al Congreso de los Diputados por su grupo desde las Cortes Valencianas, en un intento desesperado retroactivo de exportar la paranoia anticatalanista a la Carrera de San Jerónimo, y contra la que el propio PP acabó votando en contra tras tratar de retirarla a la desesperada.

Ese bochorno, defendido en Madrid por el imputado David Serra en medio de la emergencia económica, liquida el escaso rédito que hubiera podido lograr Fabra para los populares valencianos en Madrid tras el desalojo de Camps.