La Xunta adeuda el IBI a municipios desde hace casi una década
Lugo cifra el impago de impuestos y tasas en 900.000 euros y Vilagarcía, en 145.000
La Xunta tiene recibos de impuestos municipales sin pagar desde, al menos, 2003. El retraso de los pagos en la Administración es un mal que afecta independientemente del Gobierno que esté al frente. En Galicia, ni el bipartito, al frente de la Xunta entre 2005 y 2009, ni el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo han saldado todas las deudas con los ayuntamientos, a algunos de los cuales les debe dinero desde hace casi una década. Aunque casi todas las ciudades reconocen que los retrasos son habituales, son Lugo y Vilagarcía las que les ponen cifras. A la primera le debe la Xunta más de 900.000 euros, según denuncia el Gobierno local, que lidera el socialista Xosé López Orozco. En el caso de Vilagarcía son unos 145.000 euros, la mitad por los gastos que genera la Autoridad Portuaria.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, debe al Ayuntamiento de Lugo 330.000 euros por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde el año 2004 hasta 2011 por la propia sede del organismo y distintos locales y viviendas situados en los barrios de A Ponte o A Tinería, según cifra el Gobierno local. La exención del pago de este impuesto por parte de las Comunidades Autónomas afecta solo a los edificios “que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional”. “La reclamación de esta deuda se hace desde hace años al IGVS. El importe va a más debido a la acumulación de intereses”, apuntan desde el Ayuntamiento, que insiste en que quiere llegar a un acuerdo con la Xunta para pactar una solución que pase por los pagos fraccionados o los aplazamientos. Hace tantos años que se arrastra la deuda que Lugo cree que el IGVS ya no es propietario de alguna de las viviendas, pero “todavía figura como tal en el padrón que elabora el catastro sobre el que se cobra el IBI”. El Gobierno local también le reclama al IGVS el pago de tasas como la del agua, además de un vado y la factura de un impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
A fecha de 1 de junio, la Consellería de Sanidade debía también el IBI del Hospital Universitario Lucus Augusti por importe de 490.000 euros, especifica el Gobierno local. El resto de consellerías suman otros 90.000 euros de impagos del IBI e impuestos de vehículos. Lugo avisa que el plazo voluntario para pagar el IBI termina el próximo miércoles, y que a partir de entonces el impuesto subirá un 10%, por lo que las cifras de deudas pueden “crecer bastante en breve”. La Xunta no respondió a las preguntas de este periódico sobre las deudas del IGVS.
Este instituto también mantiene una deuda con el Ayuntamiento de Vilagarcía, gobernado por el popular Tomás Fole. Entre el IGVS y las consellerías de Pesca —que tiene delegación en Carril— y Traballo —con una escuela infantil Galiña Azul— suman 75.000 euros en conceptos de IBI y tasas de basura y saneamiento. El recibo más antiguo es del último Gobierno de Manuel Fraga, fechado en 2003, pero abundan más los de 2010, 2011 y 2012. Las cifras varían bastante: desde los 7,30 euros por el recibo de recogida de basuras hasta los más de 25.000 que adeuda la Consellería de Traballo por el impuesto de construcciones de la escuela infantil. La Autoridad Portuaria, cuya titularidad es del Estado pero que gestiona la Xunta, tiene sin pagar 70.000 euros por la tasa de recogida de basuras, IBI y vehículos. El Gobierno local enmarca estas deudas dentro de un mal endémico que se repite y encadena en cada Administración y en la que afecta poco si los dos Gobiernos (local y Xunta) están en las manos del mismo partido o de diferentes. Además, apunta que en las relaciones entre las Administraciones las deudas son recíprocas —los ayuntamientos también deben dinero a la Xunta—, por lo que de alguna manera acaban “compensándose”.
Pocos ayuntamientos de las grandes ciudades contestaron al requerimiento de este periódico además de Lugo y Vilagarcía. En Ourense y Vigo las deudas dicen, no son significativas y son más retrasos que no ponen en peligro la capacidad económica del Ayuntamiento.
Transferencias con mucho retraso
El retraso de los pagos entre Administraciones es más que habitual, suelen coincidir los alcaldes. Pero el cierre del presupuesto de la Xunta este año a 30 de septiembre ha agravado algunos casos de subvenciones u obras pagadas entre varias Administraciones. El alcalde de Castrelo de Miño (Ourense) recibió este mes los últimos pagos de las obras de ahorro energético en el alumbrado público y de urbanización. El Ayuntamiento, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, tuvo que adelantar 240.000 de la Xunta, que no comenzó a pagar hasta abril. “La subvención de la Xunta puede ser del 70%, pero nos obligan a adelantar el 100% y eso crea problemas de tesorería”, explica el regidor Xurxo Rodríguez, del BNG.
En Vigo esperan los 578.000 euros de inversiones de la Xunta firmadas para 2011 que aún no han llegado. Son 160.000 del área de Cultura, 90.000 del convenio de drogodependencias que se firma con la Federación de Municipios pero para el que pone dinero el Gobierno autónomo, 240.000 euros de convenios de obras y, finalmente, 88.000 euros del programa de orientación e información laboral.
El global de deuda que la Xunta tiene con Betanzos suma 700.000 euros por obras, cursos de formación, planes de colaboración o subvenciones, mientras que en el Ayuntamiento de Ares calculan que son 250.000 euros los pendientes el ejercicio de 2011. Los motivos coinciden con los de Betanzos: son subvenciones y convenios de los que la Xunta adeuda su parte. “Pasa todos los años, pero este se ha complicado más la situación porque la Xunta cerró su presupuesto en septiembre”, dice el alcalde, Julio Ignacio Iglesias.
