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Los populares quieren presidir la comisión de los ERE

Izquierda Unida va a proponer para ese puesto al vicepresidente primero del Parlamento y diputado por Cádiz, Ignacio García

José Antonio Griñán.
José Antonio Griñán.

El Parlamento de Andalucía constituye el miércoles la comisión de investigación sobre los ERE fraudulentos, que el PP pretende presidir, aunque IU va a proponer para ese puesto al vicepresidente primero del Parlamento y diputado por Cádiz, Ignacio García.

Los grupos harán hoy públicos los nombres de los parlamentarios que integrarán la comisión, donde funcionará el voto ponderado. Habrá tres diputados por cada partido con representación parlamentaria y un suplente. Es muy posible que el PSOE despeje hoy la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien aseguró el viernes que le gustaría hacerlo.

Aunque desde el Gobierno se afirma que “no hay motivo” para que vaya, ayer la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, valoró “la reacción de un hombre como Griñán de ponerse al frente y dar la cara, ante la posición que está tomando el PP, que no persigue la verdad, sino que está persiguiendo al presidente de la Junta y al Gobierno andaluz”.

A partir de la constitución de la comisión el miércoles será cuando los grupos aborden el listado de comparecientes, entre los que el PP pedirá que se incluya a Griñán, al expresidente Manuel Chaves y a otros nueve miembros del Consejo de Gobierno, así como los interventores de la Junta. IU quiere que los primeros en comparecer sean los interventores.

Una vez constituida, establecerán los plazos de trabajo y las comparecencias, cuyo trámite no tiene límite de tiempo, con lo que se habilitará el mes de julio. Se trata de la primera comisión de investigación en la Cámara andaluza desde hace 17 años para investigar las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE y las empresas en crisis otorgadas por la Junta entre el 2000 al 2010.

Los comparecientes tendrán derecho a no declarar contra si mismos, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Si se produjeran falsos testimonios, el Parlamento podrá dar traslado de ellos al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones si procede, según recoge una resolución aprobada por la Junta de Portavoces.