El ‘caso Bahía’ suma 12 imputados por el fraude de ayudas en Cádiz

Una red desarticulada de 12 personas, 21 millones defraudados, 50 empresas fantasma… Son los detalles de otro escandaloso fraude en las subvenciones públicas que ahora cumple 15 meses de investigación policial: el fiasco del Plan Bahía Competitiva ocurrido en Cádiz. Y como en el caso de los ERE, se repite una supuesta connivencia de la Administración para que los empresarios, en este caso gallegos y vascos, recibieran una lluvia de millones sin acreditar las inversiones para luego supuestamente blanquear el dinero. Afortunadamente, el fraude se detectó a tiempo, porque las sociedades iban a recibir la friolera de 80 millones (13.311 millones de pesetas).

La juez Lourdes del Río dirige las diligencias previas (2.000 folios) que dio a las partes la semana pasada. En ellas la policía desgrana el plan trazado por los empresarios, que contaron con la necesaria colaboración del exdirector del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, hermano del histórico dirigente del PSOE Alfonso Perales, para recibir las ayudas del Ministerio de Industria. “Antonio Perales ha desempeñado un rol fundamental en la trama de defraudación de subvenciones y ayudas investigadas con una intercesión permanente (…) No parece lógico que el mismo director del plan descienda al nivel de presentación física de documentos, en funciones de recadero, ante el organismo encargado de tramitarlos”, censura la policía.

Los actores de la trama (empresarios, gestores y funcionarios) fueron señalados por vez primera en febrero de 2011 cuando la Junta denunció ante la Fiscalía de Sevilla una falsedad documental detectada. Dos semanas después el fiscal de delitos económicos y actual consejero de Justicia, Emilio Llera, firmó el decreto para efectuar los primeros registros y pinchazos telefónicos de los sospechosos de la trama.

La policía subraya las falsedades que llevó a cabo la red para obtener ayudas

Alejandro Dávila ofertaba proyectos industriales relacionados con la energía, las aguas y una promoción de 20.000 viviendas eficientes, y desgranaba cifras del todo imposibles. “El proyecto global supondría según Dávila unos 500.000 puestos de trabajo en toda España”, destaca el informe policial. Este empresario gallego selló alianzas con los empresarios de las familias Retolaza y Arespacochaga, entre los que se encuentra un nieto del alcalde de Madrid entre 1976 y 1978. Los empresarios contaban con la consultora Ana Isabel Fuentes, que percibió de las sociedades 150.000 euros en solo dos años. La trama invirtió parte del dinero recibido (seis millones) en comprar parcelas, pero todo apunta a que fue un anzuelo para ganarse la confianza de los funcionarios y poder seguir cobrando las subvenciones. Mientras, Dávila invirtió 100.000 euros en tres coches de lujo.

Cuando la Administración sospechó de su solvencia, los empresarios esgrimieron certificados de un fondo de inversión procedente de Emiratos Árabes Unidos, Kunert Investment Fund Limited, que aportaría hasta 44,5 millones para empresas como Alcornocal Kork, SL, y Jellyfish Fishing, SL. Pero la falsificación era bastante burda, a juicio de la policía, que ve “graves irregularidades” sobre la identidad de los destinatarios, “incomprensible e injustificable”.

A pesar de que los técnicos de la Diputación de Cádiz alertaron de que Dávila despertó “dudas sobre la capacidad financiera para responder al total de la inversión”, el comité de gestión de Industria aprobó conceder las ayudas. A la reunión del 3 de marzo de 2011 asistieron Perales y representantes de la Diputación, pero no hubo voto discrepante.