Málaga arriesga decenas de millones en operaciones inciertas

La reciente sentencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha condenado al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar con 19,9 millones de euros a una promotora, es por si misma un varapalo para el Consistorio, que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero la resolución es un sumando más en una larga lista de actuaciones y decisiones del equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre que implican un alto coste para las arcas municipales y con resultados muy inciertos, que llegan a poner en cuestión en algunos casos su utilidad, y que en algunos casos además son objeto de litigios judiciales. Algunas, como la compra del edificio que ocupa una de las manzanas de la emblemática Plaza de la Merced, o el frustrado museo de las gemas en Tabacalera han sido apuestas muy arriesgadas, que suman más de 50 millones de euros, sin que el Ayuntamiento sepa aun que hacer con ambos.

En el caso de la sentencia en cuestión, se ha penalizado la negligencia del Consistorio en cumplir los plazos de ejecución de una obra, por las consecuencias que ello ha tenido en los intereses de la promotora Baensa, que reclamó al Consistorio 18,3 millones de euros de compensación por el daño patrimonial causado, cantidad a la que se suma 1,6 millones en concepto de actualización del IPC. Baensa compró en noviembre de 2007 un solar junto al antiguo mercado de El Carmen donde proyectó levantar 200 viviendas, oficinas y locales comerciales. Entonces faltaba un mes para que el Ayuntamiento terminara las obras del nuevo mercado, y liberara así el antiguo, que iba a demolerse. Hasta octubre de 2011, casi cuatro años después, no entró en funcionamiento el nuevo mercado. Antes, en 2010, Baensa ya puso la reclamación judicial al consistorio, después de que este le negara la compensación que le pidió en primera instancia, porque al no poder disponer de toda la parcela, no pudo construir la promoción ni hacer frente al crédito hipotecario que tenía con Unicaja. A finales de 2009, Baensa negoció el traspaso de la finca.

Esta es una relación de alguna de estas operaciones de alto coste económico y resultados inciertos en las que está embarcada el consistorio.

Baensa reclama otros 7,2 millones por la venta del edificio del cine Astoria

Cines Astoria y Victoria. La compra del edificio de los cines Astoria y Victoria, una de las manzanas de la Plaza de la Merced, ha costado al Ayuntamiento 20,7 millones de euros, de los que la mayor parte (10,6 millones) se abonó en suelo y 9,9 millones en efectivo. En la operación, firmada en octubre de 2010, se pactó que el Ayuntamiento también abonaría una cantidad para compensar a la vendedora por los “gastos inútiles” realizados en la tramitación, elaboración de proyectos y comercialización de una promoción de 45 viviendas que contaba con todos los beneplácitos del Consistorio, hasta que a última hora, antes de conceder la licencia de obra, el alcalde prefirió comprar el edificio para destinarlo a uso cultural, para lo que hizo además una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La cantidad a compensar no se fijó, y ante la falta de acuerdo, la promotora Baensa, reclama al consistorio otros 7,2 millones de euros por dichos gastos “inútiles”. Se da la circunstancia de que se trata de la misma promotora que acaba de ganar al Ayuntamiento el litigio por los 19,9 millones de euros, y es evidente que ambas han mantenido unas relaciones difíciles. El Ayuntamiento no ha encontrado uso para el edificio, que tiene además por su situación un carácter singular. El alcalde anunció en la campaña electoral de su reelección en mayo de 2011 que haría un “museo de museos” que nunca concretó, y a finales del año pasado se convocó un concurso para recibir proyectos que quedó desierto por no considerar de interés ninguna propuesta.

El Consistorio ha gastado casi 30 millones en el frustrado museo de las gemas, que pide compensaciones

Tabacalera. Después de gastar más de 25 millones de euros en la rehabilitación de varios pabellones de la antigua fábrica de tabacos para albergar el complejo Art Natura, museo de piedras preciosas y de ciencias de la naturaleza, el Consistorio ha resuelto el contrato con los promotores, la sociedad Royal Collections, por incumplimiento de contrato al no haber abierto las instalaciones. Royal Collections a su vez tiene dos litigios judiciales contra el Consistorio, al que hace responsable de la situación por haber demorado en exceso las obras de rehabilitación y la puesta a disposición de los edificios. El Ayuntamiento exige a la promotora que le devuelva los 6,7 millones de euros que le abonó en concepto de canon, cantidad que con los correspondientes intereses supera los 7,3 millones de euros, con lo que el gasto total del municipio en este frustrado proyecto sobrepasa los 30 millones. Como en los cines Astoria y Victoria, el Consistorio no sabe aún qué usos podrá darle a Tabacalera.

Convenios urbanísticos. Una de las operaciones más arriesgadas del Ayuntamiento ha sido el cambio del convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos de los antiguos depósitos de Repsol con una sociedad vinculada a Novagaliciabanco y donde se proyectan cuatro grandes edificios, uno de ellos será el más alto de la ciudad, y tras haber aprobado una recalificación que triplica la densidad edificatoria en la zona. Según el convenio, la promotora debía pagar al Consistorio 82 millones de euros, de los que adelantó 12. Llegado el momento de abonar el resto al aprobarse el nuevo planeamiento, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de las dificultades de la promotora y ha aceptado cobrar los 70 millones pendientes en suelo, de forma que se convierte en el principal propietario, con las dos terceras partes de los derechos edificatorios. El Ayuntamiento se propone venderlos, pero son la incertidumbre de cuanto podrá obtener por unos suelos que fueron tasados en 2006, en un momento de boom inmobiliario y por tanto de expectativas bien distintas a las actuales.

Endesa intenta liberarse de un convenio por el que debe pagar 58 millones

Entretanto, el Ayuntamiento se enfrenta también a la demanda de Endesa, que quiere revocar el convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos en la zona de la antigua central térmica, donde se proyectaban más de 700 viviendas, comercios, hoteles y oficinas, por el que se fijó que pagaría al Consistorio 58 millones de euros, de los que 40 debía haber abonado ya hace nueve meses, cuando entró en vigor el nuevo PGOU.  La sociedad pidió al Ayuntamiento revocar el convenio al entender que el deslinde de la zona se servidumbre marítima impedía ejecutar el proyecto original. El consistorio ha rechazado la petición en dos ocasiones y la promotora ha acudido a los tribunales. Un auto judicial ha ordenado a Endesa a cumplir el pago de los 40,6 millones en tanto se resuelve el litigio.