La red de Castellón defraudó a la Seguridad Social más de 600.000 euros

La operación contra el fraude a la Seguridad Social en Castellón que dirige el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón se ha saldado de momento con 53 detenidos y una cifra de implicados que la Guardia Civil calcula en 200. Según el instituto armado, la red desmantelada esta semana estafaba tanto a la Seguridad Social como al Instituto Nacional de Empleo mediante cobros irregulares de subsidios. Lo defraudado supera los 600.000 euros en el año fiscal 2011.

En un comunicado, la Guardia Civil explica que los 53 personas detenidas son presuntas autoras de delitos de defraudación contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social, falsificación documental y pertenencia a organización criminal. El fraude se organizó presuntamente a través de cuatro empresas fantasma y los defraudadores podrían llegar a 200 en las provincias de Castellón, Cuenca, Tarragona, Lérida y Valencia.

De los detenidos, precisa la nota, 48 de nacionalidad rumana y cinco de nacionalidad marroquí. La mayor parte de las detenciones se han producido en Castellón de la Plana, aunque también han sido arrestados integrantes de la organización en Almassora, Benicàssim, Vila-real, Culla y Valencia.

La Operación Sarpe comenzó a partir de informaciones recibidas por la Guardia Civil que apuntaban a que una red organizada defraudaba a la Seguridad Social a nivel nacional. Para ello, la trama había creado una red de empresas fantasma desde el año 2009, a través de las que "realizaban contrataciones de personas de origen extranjero para puestos de trabajo inexistentes con el objetivo de que pudieran llegar a consolidar derechos o crear expectativas de futuras prestaciones, como son las distintas modalidades de subsidio de desempleo".

Cada trabajador pagaba a la organización una cantidad de dinero para que esta le tramitara el cobro del subsidio por el tiempo que supuestamente habría trabajado. Los implicados llegaban a percibir desde 2.500 hasta 13.000 euros por año, según la investigación.

La Guardia Civil ha realizado varios registros en la sede social de las cuatro supuestas empresas y se ha incautado de abundante documentación, material informático, herramientas de de falsificación (sellos, modelos de documentos oficiales en blanco, cheques, etc.), una carabina de aire comprimido con mira telescópica y una pistola simulada, y dinero en metálico, entre otros.

El instituto armado explica también que en colaboración con las diversas agencias estatales y con la coordinación de los juzgados de Instrucción número 4 y número 1 de Castellón "se ha logrado la identificación y localización de las personas físicas que se hallaban detrás de las empresas fantasma investigadas, así como las fraudulentamente contratadas". Se trata de empresas sin instalaciones y con sede social itinerante, y "los investigados son de origen extranjero y sin arraigo en ninguna población concreta".

Nueve de los detenidos en la operación pasaron este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 1, que estaba en funciones de guardia. El Tribunal Superior de Justicia valenciano informó de que todos ellos quedaron en libertad provisional y sin ninguna medida cautelar impuesta. La magnitud de la operación obligó al Colegio de Abogados de Castellón a reforzar el turno de oficio con más letrados para poder atender la avalancha de arrestos e imputados de las ultimas horas.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, se ha desplazado a Castellón para dar una rueda de prensa sobre la operación junto a la Guardia Civil. Sánchez de León ha destacado la importancia de la operación y "el compromiso firme del Gobierno de España en la lucha contra el fraude fiscal". Según la delegada, la trama estaba activa desde 2009.