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La Audiencia de Sevilla fija una fianza de 150.000 euros para el chófer de los ERE

Los jueces entienden que no hay ni riesgo de fuga ni que Trujillo pueda destruir pruebas

El País
Juan Francisco Trujillo.
Juan Francisco Trujillo.JULIÁN ROJAS

La Audiencia de Sevilla ha ordenado la libertad bajo fianza de 150.000 euros de Juan Francisco Trujillo, en prisión desde el pasado 22 de marzo por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos. Trujillo fue chófer del ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, principal implicado en la causa y también encarcelado. Trujillo recibió varias subvenciones directas de Guerrero para empresas suyas y declaró ante la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, que él y el ex alto cargo gastaron dinero público en la compra de cocaína y en copas.

La decisión del tribunal corrige parcialmente la decisión de Alaya, que ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Trujillo por el riesgo de fuga y la posibilidad de que destruyera pruebas o fuera coaccionado por alguno de los implicados en la causa.

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Así, los jueces, en un auto notificado hoy, entienden que no hay ni riesgo de fuga ni que Trujillo pueda destruir pruebas. Así, la Audiencia subraya el arraigo familiar del exchófer (está casado y tiene dos hijos de 13 y 20 años) y que hasta su encarcelamiento había acudido a todas las citaciones judiciales y policiales que había tenido, “ofreciendo desde el inicio una actitud colaboradora”.

Respecto a la posibilidad de que destruya pruebas, el tribunal también considera que este riesgo “también se encuentra relativizado”. “Los riesgos que se pretendía conjurar mediante la prisión provisional del apelante han quedado minimizados”, afirma la Audiencia, que fija una fianza de 150.000 euros en metálico a Trujillo. Además, le obliga a comparecer todos los lunes y miércoles en el juzgado de instrucción de su localidad (Andújar, en Jaén), la retención del DNI y del pasaporte y la prohibición de salir de España.

La Audiencia de Sevilla también tiene que resolver la petición de libertad que han realizado tanto Guerrero como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

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